Por: José Carlos Romo Romo

Estimado lector, la semana pasada abordé el tema de la transparencia gubernamental y el combate a la corrupción, compartiendo con Usted lo que los diez partidos políticos nacionales proponen, respecto a dicha asignatura, en sus plataformas electorales 2015-2018. Me comprometí a continuar con dicha dinámica, analizando otros temas de impacto para la agenda pública nacional, ejercicio que continuaré el próximo sábado.

Sin embargo, hoy quisiera estacionarme, de nueva cuenta, en el mismo tema, toda vez que el Presidente de la República anunció, el pasado martes, ocho “acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés”. Pareciera que le leí la mente al mandatario y unos días después este problema fue atajado por el Gobierno Federal mediante una serie de políticas públicas que buscan, a decir de la misma administración federal, que “la toma de decisiones gubernamentales no sea vulnerada por intereses privados”.

Si Usted me lo permite, le participo de las mencionadas medidas anunciadas, las cuales reproduzco a continuación:

  1. A partir de mayo de este año, es obligación de todos los servidores públicos federales presentar una “declaración de posibles conflictos de interés”, aunada a la presentación, por Ley, de su declaración anual de situación patrimonial. El diseño de dicha declaración cuenta con el aval de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
  2. Dentro de la Secretaría de la Función Pública, se creará una “Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés”, la cual deberá articular las actividades de los “Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés” de cada dependencia o entidad federal.
  3. Se emitirán “Reglas de Identidad para el Ejercicio de la Función Pública Federal”, que ampliarán y profundizarán los actuales Códigos de Ética.
  4. Se establecerán “Protocolos de Contacto”, entre los particulares y los funcionarios federales responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos.
  5. Todas las dependencias y entidades federales identificarán y clasificarán el “nivel de responsabilidad de los servidores públicos” que intervengan en contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos, teniendo hasta el mes de abril de este año para tales fines.
  6. Se acelerará la operación de la “Ventanilla Única Nacional para los trámites y servicios del Gobierno Federal”, buscando reducir los espacios potenciales de corrupción, al eliminar la interacción entre los funcionarios federales y los particulares.
  7. La “lista pública de proveedores sancionados por el Gobierno Federal” será más completa y detallada, ya que señalará la causa de las sanciones impuestas.
  8. Se ampliarán los “mecanismos de colaboración con el sector privado”, en materia de transparencia y combate a la corrupción, convirtiéndose la participación activa de los ciudadanos en fundamental para identificar procesos y trámites vulnerables a conflictos de interés o actos de corrupción.

Ahí están, pues, estas ocho acciones ejecutivas, lo que quiere decir que serán implementadas de manera inmediata o en una temporalidad muy corta. Adicionalmente, el Presidente Peña comunicó el nombramiento del Licenciado Virgilio Andrade Martínez (ex Consejero Ciudadano del extinto Instituto Federal Electoral) como nuevo Secretario de la Función Pública, dependencia que ahora se busca revivir, toda vez que se encontraba en vías de extinción al no contar con un titular designado, debido a que la estrategia del Gobierno Federal era realizar las labores de control a través los órganos internos presentes en cada una de las dependencias y entidades federales, para dar paso, eventualmente, a la creación de un órgano constitucional autónomo denominado la “Comisión Nacional Anticorrupción”, siendo éste uno de los principales compromisos de campaña del ahora Presidente de la República.

De todo esto podrán surgir muchas preguntas, como son las siguientes: ¿El Gobierno de la República está actuando por convicción a sus valores institucionales o para despresurizar los actos denunciados de posibles conflictos de interés?, ¿es una reacción a la ofensiva o a la defensiva de la administración peñista?, ¿son los antídotos que se ocupan para atacar este cáncer de la corrupción o son simplemente unos paliativos por la magnitud del problema?, ¿qué rumbo tomará la propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción que impulsan otras fuerzas políticas distintas a las del Presidente?

A manera de conclusión, debemos reconocer la valentía y entereza del Presidente de la República para afrontar, por cuenta propia, el tema de los posibles conflictos de interés vinculados a su persona, su esposa y el Secretario de Hacienda, buscando con ello que la actuación de toda la administración pública federal se rija con base en los principios de legalidad, transparencia y ética en el servicio público. Estas medidas, sin duda, no habrán de resolver el lastre de la corrupción en México, pero sí son un paso muy importante en la consolidación de mecanismos de control interno mucho más abiertos y eficaces dentro del Gobierno Federal.

Como es costumbre, agradezco el favor de su lectura y atención. Lo espero, una vez más, el próximo sábado.

Correo electrónico: carlosromo38@hotmail.com

Twitter: @josecarlos_romo

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