Salvador Rodríguez López

Dispuestos a emular a la “migra” estadounidense, la Policía Municipal de la ciudad capital anuncia la detención -para efectos de investigación-, de todos los menores de edad que pidan limosna o se ofrezcan a hacer alguna actividad a cambio de unas monedas, bajo la presunción que cometen una falta administrativa o pueden ser explotados.

Imponen el mismo criterio de la Policía Ministerial, que aprehende para investigar, cuando tenían que ser al contrario, que se detenga a quien cometió algo indebido o sea sorprendido en flagrancia.

Para que no se sorprendan los ciudadanos cuando los ínclitos miembros de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes se dediquen a atrapar a cuanto niño, niña o adolescente que pide ayuda a los transeúntes, el director de la corporación Antonio Martínez Romo anunció que lo harán con base en el protocolo en contra de la mendicidad infantil, por lo que van a dedicar todos sus esfuerzos en localizar los sitios en que los pequeños se dedican a una de esas labores, ofreciendo que se actuará con toda delicadeza a la hora de la detención, para lo cual se harán acompañar por defensores de los derechos humanos.

Está claro que Martínez Romo y quien le ordenó o autorizó ese operativo ignoran totalmente la situación en que se desenvuelve la vida de las familias en pobreza extrema, que son casi 50 mil en el estado, donde se come una vez al día y a veces ni eso, por lo que los menores salen a la calle a ver quién se conduele de su situación y así poder comprar un pan o un refresco.

En lugar de ocuparse en crear programas de apoyo a esas personas para que superen su situación, se prefiere la ruta más fácil, sacarlos de las calles para que no ofendan con su presencia a la gente bonita, aduciendo pretextos pueriles que justifiquen la acción.

Si efectivamente es un delito vivir de la caridad pública entonces, ¿cómo es que no sólo toleran sino hasta protegen a un número considerable de adultos que pernoctan a las puertas de un templo o de algún edificio para resguardarse de las inclemencias del tiempo? Es común que cada cierto período, brigadas de dependencias públicas vayan hasta el lugar en que se encuentran para entregarles cobijas, ropa y hasta alimentos y cuantas veces se ha cuestionado el porqué se permite que ocupen esos espacios la respuesta es la misma: es su derecho y debe respetarse la vida que llevan.

Lo que comunicó Martínez Romo no es de ninguna manera una novedad, ya en otras administraciones se hizo no sólo con los niños sino contra los limpiaparabrisas, porque “molestaban” a los automovilistas, pretextándose que se exponían a ser atropellados al acercarse a los vehículos, y más atrás un gobernador ordenó limpiar la plaza de “marías” e indígenas, para que los asistentes a la convención nacional priista que tendría lugar en esos días se llevaran una buena imagen de la ciudad, para ello dispuso enviarlos en autobuses a estados vecinos. Hubo publicaciones sobre la persecución y detención que se hizo en los andenes del ferrocarril, que era el lugar en que se refugiaban. Se adujo entonces que se hizo para “rescatarlos” de las mafias que los traían a pedir dádivas, sin embargo nunca se presentó un dato concreto de algún aprovechado.

Ahora se harán las detenciones para “investigar” si atrás de los pequeños hay quien incurre “en faltas administrativas, en inseguridad pública o en la corrupción de menores que es un delito penal”, yéndose en contra de los indefensos en lugar de llevar a cabo una labor de investigación para determinar si alguno de ellos están bajo esa situación.

Lo único que van a provocar los jenízaros es dejar un rencor entre los que tengan la desgracia de caer en sus garras y que más adelante se traduzca en potenciales candidatos a ingresar a una cédula criminal. Hacia allá los empujan, aunque para entonces las actuales autoridades municipales vivirán de sus rentas.

DISPERSIÓN

Hasta la fecha no hay una explicación del porqué un sindicato nacional funge como intermediario en la construcción del Libramiento Poniente, lo que ha traído consigo una serie de problemas para los trabajadores al atrasarles el salario, lo que en un momento determinado pueda provocar la paralización de la obra.

En un principio se afirmó que el consorcio se comprometía a que una parte de los trabajos los llevaran a cabo empresas locales y que la contratación de personal sería únicamente con los de aquí, pero no se habló que una agrupación sindical de carácter nacional sería la que pagaría los salarios.

Periódicamente surgen quejas de los obreros por el retraso de sus ingresos, lo que fue reconocido por el líder del Sindicato de la Construcción, afiliado a la Federación de Trabajadores de Aguascalientes. Su dirigente Francisco Javier Ochoa Ortega, quien dijo que en esta última ocasión no tuvo otra opción que hacer público el asunto, sostuvo que en la reunión en Gobierno del Estado con la empresa Pinfra se determinó cuándo serían los pagos y en caso de que no lo hiciera el Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Excavación, entonces ellos lo harían.

El dirigente de la agrupación cetemista dijo que “cada vez que es día de pago se batalla con ellos y así sucesivamente hemos tenido problemas, no han estado cumpliendo con lo que se acordó con el Gobierno del Estado”.

Es una situación que perjudica no sólo a los afiliados al Sindicato de la FTA, sino de otras organizaciones, por lo que exigen que se cumplan las obligaciones contraídas, principalmente porque los trabajadores ya desempeñaron su labor y tienen derecho a recibir el dinero en la fecha fijada, máxime que de ahí sostienen a su familia.

El problema estriba en la triangulación que hay entre Pinfra, el SITRACE y los sindicatos locales, en cambio con Pavyconsa se trabaja sin intermediario y al hacerlo de manera directa los camioneros tienen segura su paga, además hay empresas particulares que pagan directamente (como debe de ser) y ya no ocupan al sindicato nacional para que dé el servicio de transporte, lo que a decir de Ochoa Ortega “va en contra del contrato que se tiene”.

Es una obra grande y por lo mismo hay fisuras que si no se cierran a la mayor brevedad pueden provocar una grieta que retrase la conclusión de este programa, sin duda el más grande e importante en materia carretera de cuantos haya llevado a cabo la actual administración estatal, por lo que tiene que vigilar muy de cerca el cumplimiento total de los compromisos contraídos con las constructoras y sindicatos locales y con ello apegarse a la promesa que la derrama económica sería amplia.

CHALET ORTEGA

Uno de los espacios que deberían ser emblemáticos en Aguascalientes, como es el Castillo Ortega (también conocido como Castillo Douglas), sufre un deterioro en la parte superior y en algunos exteriores, que si no se rescata podría tener daños irreparables. Fue propiedad del licenciado Edmundo Ortega Douglas, que ordenó construirlo en 1923 como regalo de bodas para su esposa, Carmen Llaguno Cansino, lugar que sirvió de residencia para la familia. Por alguna razón dejó de habitarse y por un tiempo estuvo sin destino alguno hasta que fue alquilado a una empresa que hizo un centro de entretenimiento, sin embargo duró poco pero con los arreglos que le hicieron modificaron parte de su diseño original. No obstante aún se observa la belleza arquitectónica en sus salones y corredores, lo que fue difundido en un documental que se transmitió por internet. Actualmente es propiedad particular, pero no tiene destino alguno, por lo que bien haría el Gobierno del Estado en buscar adquirir la finca para convertirla en museo o escuela de arte, con lo se conservaría un lugar que puede ser un atractivo turístico. De no ser en esta administración, debido a que le falta un año para concluir, podría buscarse el compromiso con la próxima administración. Es innegable que entre más se tarden en darle un rumbo, será mayor el daño.