Salvador Rodríguez López

Una sola acción despierta toda clase de intenciones y pasiones, donde todo mundo cree tener la razón, sin embargo por años nadie ha logrado hallarla y todo termina donde empezó. Así ha sido desde hace décadas el caso del transporte urbano, que enfrenta a concesionarios y choferes con los usuarios, ante la parsimonia de las autoridades, que con su blandura tradicional nunca ha logrado ponerle el cascabel al gato.
En cada administración estatal se han organizado foros, que como tantos otros sólo sirven para ocho cosas, porque de lo que ahí se acuerda pocos se acuerdan, aunque eso sí, sirven para el lucimiento de funcionarios, diputados, miembros de la llamada “sociedad civil” y de los propios camioneros. Cada uno cree tener la varita mágica con sus estudios y reflexiones, que en teoría pudieran tener alguna lógica, porque a la hora de que se han pretendido “aterrizarlos” se encuentran con una serie de escollos que echan por la borda todo empeño.
Al comienzo del actual sexenio se mencionó que esta vez sería la “definitiva”, ya que se les daría un ultimátum a los propietarios de las unidades: modernizaban el servicio o habría cancelación de concesiones, abriéndole la puerta a nuevos permisionarios.
A siete meses de distancia todo está igual, con un desfase general en la atención al público y de carros que hace años debieron estar fuera de circulación pero siguen ahí por la laxitud oficial, que no sabe cómo resolver el enigma, aún cuando ha habido quienes levantan la mano para crear líneas independientes que obliguen a la competencia.
El transporte colectivo es también arena para el oportunismo político, al permitir opinar a quien tiene alguna idea, que con o sin razón le asegura subir sus bonos, y más ahora en que se vive la efervescencia del 2018.
También uno que otro líder empresarial le entra al tema y reclama un mejor servicio, pese a que los concesionarios son, de hecho, patrones, que poseen varias unidades y seguramente que varios de ellos tienen un capital invertido mayor al de esos opinantes.
Desde la segunda semana de junio el delegado de Nacional Financiera (Nafin), Juan Carlos Medina Mazzoco, informó que hay 140 millones de pesos para la renovación del parque vehicular de camiones urbanos y suburbanos, sin que hasta la fecha se tenga una respuesta, aunque cabe señalar que con esa cantidad apenas alcanzaría para adquirir 80 unidades, esto es, la tercera parte de las que concluyeron su vida útil, por lo que tendría que haber mayor financiamiento.
Asimismo, hay limitación en aceptar el crédito debido a la tasa de interés que llega hasta el 35% anual, por lo que debe de ser menor para asegurar el pago y que la rentabilidad del negocio no decaiga, de ahí que los concesionarios han hecho mutis ante la oferta.
Mientras se polemiza de lo que debe hacerse para cambiar el estado de cosas, los más de 400 mil usuarios que diariamente utilizan el transporte urbano viven su propia desventura, con unidades que tardan entre 30 y 45 minutos en arribar al paradero y cuando finalmente lo hacen es porque viene lleno, obligándolos a pagar taxi para llegar al trabajo o centro de estudios. Ya ni hablar de las condiciones en que están los vehículos, pero mientras exista el monopolio no habrá manera de que esto mejore.

INSEGURIDAD
Aguascalientes se ha convertido en un estado inseguro, con una capital que sufre el embate de la delincuencia común y organizada y unas corporaciones policíacas que no logran encontrar la solución.
Los asaltos a negocios y transeúntes se han incrementado los últimos meses, llegándose al extremo que a plena luz del día se ataca y ya no sólo los ladrones de cierta edad sino que hay quinceañeros que se han convertido en azote del vecindario, a sabiendas que en cuestión de horas o días estarán libres.
La primera declaración del secretario de Seguridad Pública Municipal de la ciudad, José Héctor Benítez López, el pasado 2 de enero, fue que cuenta “con la mejor policía del mundo”, por lo que en coordinación con la estatal y federal habría una atención a las necesidades de la población.
Medio año después el presidente de la Cámara de Comercio (Canaco), Rubén Berumen de la Cerda, declaró que empresarios y comerciantes están sumamente molestos por lo que sucede, por lo que es inadmisible que los ciudadanos tengan que involucrarse en defender su persona y sus bienes, “pero si no hay remedio, vamos a tener que hacerlo, que Dios nos perdone pero no estamos dispuestos a que tanto flojo sinvergüenza esté perjudicándonos de esa forma”.
Dijo que es obligación del gobierno del estado y de los once presidentes municipales proveer de lo necesario para darle protección a la sociedad, ya que lo que está sucediendo actualmente es que el pueblo se defiende con el peligro que esto entraña, como ocurrió con un vecino de Jardines, que fue baleado a las puertas de su hogar al resistirse al asalto.
“Da rabia y causa impotencia saber que no podemos andar tranquilos por las calles de Aguascalientes”, sostuvo, y precisamente por ello la Canaco se ha abocado a generar una propuesta consensuada entre sus socios para coadyuvar con la autoridad en la seguridad social.
El propósito es rescatar la tranquilidad a que tienen derecho los habitantes y que le ha sido arrebatada por delincuentes que se muestran cada vez más osados, llegándose el caso de un jovencito que trató de asaltar a una persona de la tercera edad y si no logró fue porque varias personas lo impidieron, pero demuestra que la falta de prevención y vigilancia permite este tipo de actitudes.
Al ser el municipio capitalino el más poblado del estado (78% de la población total) exige una corporación acorde con el número de habitantes, sin embargo para el uno de enero de 2017 tenía 1,700 elementos, de acuerdo a lo manifestado por Benítez López, y al 1 de julio son 1,300, que son los que recibieron el aumento salarial.
Los motivos para esta reducción pueden ser varias, entre ellas las bajas voluntarias o por destitución y que alrededor de 170 están en la etapa de jubilación, por lo que lejos de haberse contratado los 300 que en enero se mencionó, para mejorar los servicios, hay menos, por consiguiente con los que se tiene se debe atender las exigencias sociales que como se observa son crecientes.
Lo que está de manifiesto es que la gente empieza a cansarse y de organizar grupos de “autodefensa” por colonia, lo que resulta demasiado peligroso, pero como dijera el líder de la Canaco “si no hay otro remedio hay que hacerlo”.

RENTABILIDAD POLÍTICA
Diversos temas sociales no se resuelven porque así conviene, al menos esta es la sensación que se percibe con el eterno “rescate” del Río San Pedro. Gobernadores y presidentes municipales concluyen su labor y lo único que dejan es una recopilación de propuestas, que seguramente se hicieron con la mejor intención pero mientras no se lleven al campo de la realidad todo queda en una quimera y claro, que por meses permitió a un grupo de expertos manifestar lo que debe hacerse. A vuelo de pluma podría mencionarse en primerísimo lugar la limpieza, no permitiendo que de las colonias aledañas depositen desechos ni que las fábricas sigan contaminando las aguas, es el problema toral y al que se incluye la poca captación en casi todo el año, debido a que al norte se han construido presas, pequeños vasos y diques que impiden la corriente natural, al mismo tiempo que en la temporada pluvial la que se capta se va hacia Jalisco, con lo que no hay un aprovechamiento de este recurso que sólo se mira pasar.