Salvador Rodríguez López

Indiscutiblemente que tener como patrocinador a papá Gobierno asegura la pitanza, por lo tanto sólo hay que preocuparse que no falte ese parné para continuar puliéndose la barriga y de vez en cuando patear el bote.

En lo anterior se resume la actitud de los dirigentes de partidos políticos, a quienes lo único que les preocupa es que la mesada sea depositada a tiempo porque de su distribución ellos se encargan de hacerlo y como al que parte y reparte algo bueno le queda.

En la última sesión que encabezó como presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Luis Fernando Landeros Ortiz, presentó el proyecto de Presupuesto de Egresos del propio organismo para el ejercicio fiscal 2023 y aprobado en todas sus partes por el Consejo General, que ahora pasará al Congreso del Estado para su análisis, debate y asentimiento o modificación en su caso.

Por una parte, del financiamiento solicitado 67 millones 174 mil 245 pesos serán distribuidos entre los 8 partidos políticos y para el IEE se piden 69 millones 761 mil 920 pesos, por lo que el monto total es de 136 millones de pesos.

De acuerdo con lo que autorice el parlamento, en enero próximo el IEE hará la repartición del 70% de los recursos entre cada uno de los partidos y se hará de manera proporcional a los votos que cada quien obtuvo en las recientes elecciones, y el 30% restante se llevará a cabo de manera igualitaria.

Para fortalecer el trámite, Landeros explicó que el proyecto de presupuesto contempla el pago de la nómina, recursos materiales y humanos y las obligaciones para el siguiente ciclo fiscal en materia de plebiscitos, referéndum o consultas y otros elementos de consulta ciudadana, que significa una erogación por 9 millones de pesos. También se analiza llevar a cabo proyectos especiales, como fijar las bases para la creación de una infraestructura de un PREP local, aprovechando que el año próximo no es electoral y puede invertirse alrededor de 9 millones para que en las elecciones de 2024 ya no se tenga que contratar a un externo.

En lo que se refiere al financiamiento público a los partidos esto se entrega con base en una multiplicación del 65% de la UMA que corresponde a 62.54 pesos por el número de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral hasta el 31 de julio de 2022 y que se traduce en 1 millón 42 mil 166, lo que representa 65 millones 217 mil 713.93 pesos, que pasa a ser parte del gasto ordinario, asimismo para actividades específicas habrá un 3%, que se convierte en 1 millón 956 mil 531 pesos.

De los ocho partidos que tendrán acceso a ese beneficio 8 son de carácter nacional (PAN, PRD, PMC, PT, PRI y MORENA), además el partido local Fuerza por México, pese a que este último no alcanzó el mínimo del 3% de los votos totales, por lo que está en proceso de evaluación y de ser el caso podría perder el registro.

Lo apuntado es el cronograma que espera cumplir el IEE durante 2023, en el que además de las obligaciones internas debe alimentar a todos los partidos políticos, que sin recato alguno esperan que llegue el maná del Instituto. De los ocho ninguno tiene contemplado un programa de autofinanciamiento, porque ¿Para qué trabajar si el pueblo –vía Gobierno– les da lo necesario para llevar una vida placentera, en la que su única preocupación es enterarse de lo que sucede dentro y fuera de cada organismo, conceder entrevistas a los medios y frecuentar restaurantes y cantinas para pasar el tiempo.

Hace muchos años, tantos que ni siquiera habían nacido la mayoría de los que hoy cobran como dirigentes, diputados, regidores y senadores, el Partido Acción Nacional (PAN) llevaba a cabo rifas de automóviles para allegarse recursos, pero un buen día el ángel caído tocó a su puerta y lo convenció que aceptara el financiamiento gubernamental y desde entonces viven del esfuerzo de los aguascalentenses que sí trabajan.

FRENO AL ESFUERZO

La administración estatal que está por concluir tuvo varios aciertos y negarlo sería una insolencia, o que hace por motivos ajenos a la verdad, pero tampoco todo lo vivido en estos seis años ha sido miel sobre hojuelas. Mientras una dependencia procuraba apoyar al sector productor otra hacía todo lo imaginable para estorbar o de plano frenar ese esfuerzo.

En este tiempo la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec) se significó por los programas de financiamiento a la micro, pequeña y mediana empresa y a los negocios de mayor envergadura, que recibieron una solución cuando más lo necesitaban, justo en los dos años de la pandemia. Créditos con intereses blandos y en algunos casos apoyos directos a capital muerto –como fue el dirigido a los taxistas- permitió que pudieran sortear las dificultades propias de una baja en ventas y las obligaciones que debían cumplir, principalmente el pago de salarios y servicios.

Fue una decisión precisa y oportuna que se decidió desde el alto mando y cuyos alcances hoy se pueden observar, con establecimientos en plena labor gracias a que, en primer lugar, supieron aprovechar la oportunidad de acceder a esos préstamos y lograr de esta manera esquivar el embate propio de una epidemia que amenazaba con arrasar todo.

En la parte opuesta está el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), que presentó una doble cara, por una parte con un labor médica digna del mayor reconocimiento de todos los habitantes al entregarse totalmente a salvar vidas, donde las jornadas laborales de todo el personal iba más allá de lo razonable ante la urgencia que se vivía.

Pero al mismo tiempo un brazo siniestro dentro del mismo Instituto se movió incansablemente para cerrar cuanto negocio de comida encontraba a su paso, con el pretexto que había fauna nociva, lo que aún a estas alturas sigue con la misma intensidad de años pasados.

El escuadrón del Octavo y su jauría sanitaria se encargó de dar al traste a varios de esos lugares, clausurándolos e imponiéndoles una multa, lo que en ocasiones obligó al cierre definitivo ya que si lo había cerrado era materialmente imposible que tuvieran dinero para el pago de la sanción, además de los alimentos que se echaron a perder.

Para el Octavo bastaba encontrar un tecuejo o una cucaracha para considerar que había una colonia completa y por lo mismo se ponían los sellos de clausura, sin aceptar que los pequeños animales pudieron introducirse entre la mercancía que se recibe a diario en estos lugares y que al no ser detectados por el personal aparecen en cualquier lugar, pero no era por falta de higiene sino circunstancias ajenas al negocio.

Al colocar los sellos de clausura y luego difundir las razones que hubo para hacerlo dañó grandemente el nombre del lugar, que no tiene manera de demostrar ante la opinión pública que es mayor la teatralidad de quien encabeza la oficina de Regulación Sanitaria, pero cuya mayor responsabilidad recae en el ISSEA por ser cabeza de sector.

En defensa de sus agremiados, el presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, José Luis Álvarez Fernández, señaló que siempre se han significado por el respeto a las normas sanitarias y no porque uno o dos negocios fueran clausurados se generalicen. Los trabajos de fumigación se hacen de manera constante y la limpieza de cada lugar se hace las veces al día que sea necesaria.

Además de la jauría sanitaria también reciben constantemente la inspección de Protección Civil para observar si cumplen con las normas de seguridad y señalética y se respetan los espacios para los no fumadores, por consiguiente la clientela que acude a los afiliados a la Canirac pueden hacerlo con la plena confianza que lo primero es su salud, labor que se fortalece con programas de capacitación y excelencia.

VIOLENCIA Y SALARIOS

Asegura el presidente estatal de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Roberto Díaz Ruiz, que como empresarios tienen problemas para cubrir el total de la plantilla de choferes, pese a que les ofrecen atractivos salarios y prestaciones superiores a las de ley. Atribuye la negativa al peligro que existe de manejar en carretera ante el cada vez mayor embate de la delincuencia organizada, que no para en mientes para robarles la unidad y en ocasiones arrebatarles la vida (como acaba de ocurrir en el municipio de Enrique Estrada, Zac., donde un operador que vivía en San Francisco de los Romo fue asesinado), pero el problema también se debe a que los operadores que estudian inglés se contratan en compañías de Estados Unidos donde sus ingresos llegan a duplicar lo que reciben en México.