Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores continuamos con los aspectos que demuestran porqué es necesario una claridad en la planeación de los servicios de agua, más aún de una sensatez en la importancia de no repetir de manera incansable con aquello que no ha funcionado, además de la relevancia que tiene el hablar con un lenguaje preciso y real de lo que implican los servicios de agua, despojarlo de los tufos electorales, mitos y “lugares comunes”.
Actualmente en México los servicios de agua se traducen en un monopolio de un servicio básico y fundamental sin regulación ni política nacional. Un monopolio de un servicio cuyas tarifas son “joyas” de la política, cuyos responsables pueden ser puestos y removidos a conveniencia libre del alcalde, que se presta a la contratación exagerada de personal (que se rota cada tres años o menos), que en las campañas políticas son fuente de ofertas descabelladas como si su operación no tuviera un costo e implicara una responsabilidad.
Los servicios de agua potable y saneamiento son especialmente sensibles a la economía de escala. Requieren de una masa poblacional que resulte económica, para que los costos puedan traducirse en tarifas asequibles y se garantice un adecuado nivel de la calidad de los servicios. Una población de menos de 30,000 habitantes no puede ser autosuficiente plenamente y garantizar la calidad y sostenibilidad con tarifas asequibles a toda la población. Más del 70% de los municipios del país tienen 30,000 habitantes o menos, no pueden ser autosuficientes plenamente y garantizar la calidad y sostenibilidad con tarifas asequibles a toda la población. La mayor parte de los municipios, en las condiciones actuales, posiblemente nunca sean autosuficientes. Pero es inconstitucional regular que por ley tengan que asociarse para constituir masas económicas sostenibles.
Los recursos hídricos, sobre todo los subterráneos, están seriamente sobre explotados y presentan contaminación química cada vez más grave. Las aguas residuales urbanas no se tratan en forma efectiva y contribuyen al proceso de contaminación superficial. Sin medición y cobro efectivo por el uso, no se tienen recursos ni elementos de presión para que quienes usan el agua, la usen racionalmente, la potabilicen y la restituyan sin contaminar, en un proceso sostenible.
Hay algo paradójico se pretende la participación ciudadana, pero no la participación privada. ¿Por qué no las dos? Ambos son ciudadanos, solo que algunos aportan opiniones y consejos y otros aportan y arriesgan recursos. Sí, sí lo hacen por ganar dinero ¿Es ilícito? O lo que está mal es que no los regulemos en forma adecuada. Entonces solo pueden participar como operadores las entidades públicas. ¿Cuántas entidades públicas conocen realmente que sean buenos administradores, presten buenos servicios, sean autosuficientes y garanticen su sostenibilidad y rindan buenas cuentas públicas? Además, sin regulación de ningún tipo. Hay casos muy excepcionales pero duran poco.
Pero ni unos, ni otros son buenos o malos per se. Sin una regulación efectiva, capaz de sancionar a unos y otros, además de condicionar su vigencia a la oferta de un buen servicio, sostenible y asequible, unos caen en el abuso y otros en el manejo político, sufriendo los efectos de ambos extremos, la población usuaria. No existe en el país una dependencia que pueda considerarse en derecho, como encargada y responsable de la rectoría en materia de servicios de agua potable y saneamiento. Ninguna entidad conoce en forma cierta los datos en materia de servicios públicos de agua potable y saneamiento. Los operadores no tienen ninguna obligación por ley, de entregar información de su gestión en forma completa y periódica.
El derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento no es lo mismo que los servicios domiciliarios a cargo de los operadores actuales. Pero sin servicios domiciliarios sostenibles y eficientes, con posibilidades de extensión al universo completo de la población, el derecho humano es y será letra muerta. Estas son las piezas del complejo rompecabezas. Es difícil ensamblarlas para integrar un subsector eficaz y eficiente, sin cambios de paradigmas serios y sin ajustes profundos del marco legal y político, que termina siendo la raíz de los problemas y es en gran parte responsable de la situación actual de los servicios. De ahí la importancia de una planeación seria y que sea respetada. Continuamos la próxima semana con recomendaciones desmitificadas para mejorar la prestación de los servicios, no sin antes recordarles la importancia de emprender una auténtica política hídrica que permita que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.
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