El Poder Judicial Federal admitió la demanda de amparo para restituir y garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+ en Aguascalientes en el Presupuesto de Egresos 2023, informó Wilfrido Salazar Rule, integrante de la Comunidad para la Diversidad, los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODDEC).
En conferencia de prensa, el activista informó que el pasado 15 de febrero el Juzgado IV de Distrito admitió la demanda de amparo promovida por activistas locales en contra de la omisión del Congreso del Estado al no incluir una partida presupuestal en favor de las personas LGBTIQ+.
Detalló que a partir de la acción lograda por Amicus en el estado de Guanajuato en el año 2022, esta organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos de las personas LGBTIQ+ en dicho estado y el país, estableció una alianza con organizaciones y liderazgos en Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Estado de México, Veracruz y Yucatán para extender este alcance en beneficio de los sectores más vulnerables de la diversidad sexual.
Subrayó que de ganarse dicho amparo, se estará reconociendo vía amparo la omisión del Congreso al no garantizar los derechos de todas las personas y la discriminación legislativa por no destinar recursos a favor de las personas LGBTIQ+.
Explicó que dicho presupuesto deberá ser destinado a la inclusión de políticas, programas, proyectos, para cerrar la brecha de desigualdad e inclusión de todas las personas así como impulsar políticas que contribuyan a promover, restituir y garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+ en el estado de Aguascalientes.
Finalmente, dijo que tras haber sido aceptado el amparo, esperarán a la audiencia constitucional que tendrá lugar el próximo 14 de marzo y conocerán la respuesta del Congreso del Estado, sus argumentos y los del Gobierno Estatal, sobre el tema. “El amparo se centró en el presupuesto que se asigna a las poblaciones específicas como son las personas migrantes, con discapacidad y todas las categorías reconocidas en el Artículo 1º Constitucional, prácticamente todas tienen alguna política pública, alguna instancia de atención, tienen programas para atender a los sectores más vulnerables de estos grupos, con excepción de la diversidad sexual”.
