La Universidad Autónoma de Aguascalientes ha requerido a sus maestros para presentar las declaraciones, patrimonial y de intereses, aplicables a la burocracia no obstante que, legalmente, no están obligados a hacerlo.

La convocatoria se ha hecho no sólo sin fundamento legal, sino también a través de mecanismos informales como mensajes y ligas compartidas por medio de WhatsApp, invitando incluso al uso de redes y equipo de cómputo de la institución, para tal efecto.

La medida ha causado extrañeza toda vez que el Artículo 108 Constitucional, donde nace esta obligación, señala a servidores públicos que se desempeñen en organismos autónomos constitucionales, como sujetos obligados, no así a organismos públicos descentralizados del Estado, como lo es la UAA, ni mucho menos a sus maestros por el solo hecho de recibir un salario con recursos procedentes del erario público.

Al respecto, el abogado y catedrático universitario, Arturo Orenday González, refirió que incluso hay tesis de tribunales colegiados que señalan como error asimilar a los maestros con personal que maneja recursos públicos.

Además, dijo, hay antecedentes de intentonas en el mismo sentido en instituciones como la UNAM, donde determinaron que la medida no es procedente, legal ni adecuada y por lo tanto no la adoptaron.

En ese sentido dejó en claro que legalmente los maestros no están obligados a presentar declaración patrimonial y de persistir la exigencia de la institución sobre el tema, podrían sobrevenir amparos directos de quienes sientan que la medida les causa agravio y lesión jurídica.

Recordó además que las prestaciones de ley para los maestros universitarios no son las de un burócrata, como la cobertura médica a través del IMSS y no del ISSSTE o la atención a conflictos laborales a través de la Junta de Conciliación, y no del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores del Estado, como ejemplos.

Orenday González recalcó que, si bien la explicación extraoficial que se ha dado al respecto es que se ha atendido la recomendación de un órgano de fiscalización, lo cierto es que la autonomía universitaria no debe olvidarse ni a quien recomienda, ni mucho menos a quien la sigue.

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