Verónica Gascón
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La pandemia no sólo puso a prueba al Inegi, sino también la relación con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Durante la emergencia sanitaria tuvo que llevar a cabo el Censo de Población y Vivienda y se supo adaptar a las medidas de sana distancia para hacer el levantamiento de datos que reflejaron los graves impactos que trajo consigo la epidemia de Covid-19, en el empleo y las empresas.
En cuanto a la relación entre el organismo y el Gobierno federal, ha habido momentos tensos.
Así lo recuerda su presidente, Julio Santaella Castell, quien ahora enfrenta el momento de la sucesión en este organismo, pero advierte que le gustaría continuar con su labor por otros seis años más.
“La ley establece que el presidente del instituto tendrá un nombramiento por seis años y se puede repetir por una ocasión, el mío termina el 31 de diciembre de este año y en principio yo podría repetir.
“A mí me interesa continuar, tengo proyectos a los cuales me gustaría darles continuidad”, afirmó en entrevista con Grupo REFORMA.
Sin embargo, otra candidata que le puede hacer sombra es Graciela Márquez, ex secretaria de Economía, quien se integró al Inegi como vicepresidenta de la junta de gobierno a partir del 1 de enero de 2021.
Para nombrar al sucesor, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que enviar una propuesta al Senado, para que sea ratificada.
Pero, Santaella reconoce en Márquez a una contendiente.
“En términos de la política, el primero de enero entró a la Junta de Gobierno la doctora Graciela Márquez y el Presidente al momento de hacer el anuncio lo hizo con mucho beneplácito, muy contento de tener a una colaboradora en el Inegi, y ese es el estado que guarda la sucesión”, describió.
Durante su administración, Santaella llevó a cabo los Censos Económicos en 2019 y los de Población y Vivienda en 2020.
Pero además se opuso activamente a algunas decisiones de gobierno, como la austeridad republicana y la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos (en la cual se dice que ningún funcionario debe ganar más que el Presidente de la República), razón por la que interpuso una controversia constitucional.
“Iniciativas que son de carácter general, que han tomado la administración en contra de los órganos constitucionalmente autónomos han tenido un impacto en el Inegi, como esta Ley de Austeridad Republicana o la de Remuneraciones de los Servidores Públicos y hemos tenido que tomar ciertas medidas legales para defender la autonomía del Instituto”, admitió Santaella.
Recuerda los momentos tensos con el Gobierno federal, como a principios del 2019 cuando Santaella advirtió que debido a la austeridad que pretendía aplicar el gobierno federal, se verían afectados algunos proyectos. Ese año, al Inegi le tocó un recorte de 500 millones de pesos.
Sin embargo, en los años 2020 y 2021, se le otorgaron mayores recursos.