Mayolo López
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La bancada de Morena en el Senado presentó una iniciativa de ley para crear, en la Suprema de Corte de Justicia de la Nación, una Sala Especializada en Anticorrupción, lo que ameritaría elevar de 11 a 16 los ministros del máximo tribunal.
“Con el afán de ofrecer alternativas de mejoramiento en la atención y el combate al fenómeno de la corrupción, la presente iniciativa propone la creación de una Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como instancia judicial especializada dentro del alto tribunal del país, que cuente con una competencia exclusiva para conocer de esta materia.
“Creemos que es necesaria la creación de una Sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Especializada en Anticorrupción, toda vez que la sociedad solicita una eficiente impartición de justicia que se vea reflejada en el combate efectivo a este fenómeno pernicioso y de todo aquel acto que afecte los intereses colectivos”, señala la propuesta del senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena.
El legislador zacatecano estima que es necesario “establecer un órgano judicial abocado exclusivamente a resolver asuntos en materia de corrupción, a efecto de que, de manera esencial, se logre un avance sustancial en la resolución de los expedientes”.
La iniciativa, que implicaría la reforma y derogación de diversas disposiciones de la Constitución, plantea que la nueva Sala Especializada sea conformada por “cinco nuevos ministros y ministras, por lo que se propone modificar la composición actual del pleno de la Suprema Corte de Justicia, pasando (del 11) a 16 miembros, al adicionarse quienes integrarán la Sala Especializada en Anticorrupción, en virtud de las funciones de naturaleza jurisdiccional que realizarán conforme a sus atribuciones constitucionales y legales”.
La nueva sala tendría, entre otras, competencias “en materia de anticorrupción, incluyendo cuestiones derivadas de la responsabilidad administrativa y delitos que tengan por origen hechos o actos de corrupción en los que participen servidores públicos y particulares”.
También, en materia “de responsabilidad patrimonial del Estado, al ser la Sala encargada de determinar los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos”, y de recursos “de revisión administrativa interpuestos contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces”.