El Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado, ante la elevada carga de trabajo y el compromiso de cumplir con su misión social, solicitó al Secretario General de Gobierno incrementar su plantilla laboral, lo que implicaría un aumento presupuestal del 100%, pasando de 35 a 70 millones de pesos.

Su directora, Elizabeth Muñoz Padilla, destacó la insuficiente cantidad de personal para atender las necesidades legales de la población, contando con 32 defensores públicos encargados de una amplia gama de casos, lo que representa a 44 mil 440 habitantes cada uno.

En contraste, los 8 asesores existentes enfrentan una carga de 178,200 habitantes cada uno. Esta situación subraya la disparidad en la capacidad del Instituto para responder efectivamente a la demanda de servicios legales.

La propuesta busca duplicar el número de asesores a 16 y defensores públicos a 60, aproximadamente, para una gestión eficiente de asuntos legales.

Se mencionó que el Ministerio Público de la fiscalía dispone de 166 funcionarios, cada uno responsable de 8 mil 500 ciudadanos, evidenciando una marcada diferencia en la asignación de recursos humanos entre las instituciones.

La respuesta del Gobierno Estatal ante esta solicitud ha sido positivamente acogida, con medidas en curso para la evaluación y priorización del proyecto.

Muñoz Padilla enfatizó el rol fundamental del Instituto en el sistema de justicia del estado, siendo la única entidad encargada de representar a los ciudadanos en juicios en áreas penal, familiar, civil y mercantil, desde la instancia inicial hasta la final.

Este esfuerzo responde a la creciente demanda de servicios legales, evidenciada en las cifras de asuntos atendidos en diversas ramas del derecho. Por ejemplo, en el ámbito penal, se registraron más de 6 mil 100 entrevistas y declaraciones ministeriales, cerca de 5 mil procesos de ejecución de sentencia y 15 mil 500 audiencias judiciales, destacando el volumen de trabajo que maneja el Instituto.