“Sin que yo me diera cuenta, otra persona que se encontraba en un carro cerca de dos casas veo que se baja. No le presto atención. En ese momento, se acerca donde me encontraba con mi hijo, le pone la pistola en la cabeza –tenía cuatro años– y me dice ‘ya valiste, no pongas resistencia o mato aquí a tu hijo’”. Esa declaración es parte de un testimonio de una de las 40 víctimas de tortura a manos –principalmente– de elementos Ministeriales.

Los hechos, acontecidos entre 2010 y 2014, se encuentran registrados en el Informe “Sobre la Práctica de Actos de Tortura y Malos Tratos en Aguascalientes”, presentado recientemente por las Naciones Unidas de Derechos Humanos. De los 40 arrestos en mención, 32 fueron realizados por elementos Ministeriales, mientras que los ocho restantes fueron por funcionarios de otras corporaciones, principalmente de la Policía Municipal.

La mayoría de las víctimas coinciden en que fueron detenidas de manera irregular. Dentro de los métodos de tortura, se encuentran desde amenazas, intentos de asfixia, agresiones con pie, puños y objetos, descargas eléctricas y hasta agresiones sexuales.

El representante en México de la ONU-DH, Guillermo Fernández Maldonado, expuso que los aberrantes hechos, los cuales han quedado pendientes de resolver a favor de los afectados, obedecieron a la complicidad entre instituciones y falta de voluntad política, al reconocer que la mayoría de los agresores siguen impugnes a tan graves faltas.

Ante ello, insistió en la importancia de que se realicen investigaciones efectivas y auténticas, insertadas en los estándares internacionales de Derechos Humanos, así como el acceso a la justicia de las víctimas y el debido proceso para los presuntos responsables. En vista de que el número de víctimas ha ido creciendo, el representante de la OUN-DH subrayó que lo evidenciado de ninguna manera puede ser catalogado como hechos aislados sino sistemáticos y con participación de varias dependencias.

La ONU-DH emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la Fiscalía General del Estado, al Gobierno del Estado, a la CEDHA y a los poderes judiciales, tanto estatal como federal.

 

“A la fecha de la publicación del informe, ninguna persona ha sido afectivamente procesada o sancionada por los actos de tortura, ni penal ni administrativamente. Aunque la CEDHA documentó los actos de tortura en una etapa temprana, ha emitido pocas recomendaciones relacionadas a estas graves violaciones…” Guillermo Fernández, ONU-DH