Verónica Gascón
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- María Martínez fue tutora de 15 becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en su empresa, una agencia de relaciones públicas.
Fue una buena experiencia con los aprendices, pero algunos jóvenes estaban en su empresa sólo por la beca, reconoció en entrevista.
«No faltó quien sólo quería recibir la beca, sobre todo quienes se acercaban a los 30 años», comentó.
Relató que conserva a dos becarios que se capacitaron en su empresa y contribuyó a que otros cuatro se colocaran en compañías diferentes.
«Creo que no se da un buen seguimiento al proceso de capacitación, ya con los últimos chicos que recibimos pasó que sólo querían el pago y no aprender. Además de que sienten que no se pueden incorporar a un trabajo fácilmente», expuso.
El programa ha atendido en cinco años a 2 millones 950 mil becarios. La inversión que se ha destinado a este plan es de 115 mi millones de pesos.
Aunque la Secretaría del Trabajo señala que 60 por ciento de los beneficiarios pueden incorporarse a una actividad productiva, no hay datos de cuántos jóvenes fueron contratados al finalizar su capacitación.
Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social señalan que de 2018 a 2023 se afiliaron 500 mil jóvenes de entre 15 a 29 años.
Si todos estos jóvenes hubieran pasado por el programa significaría que representarían sólo 16.9 por ciento de todo el universo.
Ante esta situación, expertos recomiendan rediseñar las reglas del programa.
«Valoramos una acción de política pública con tanta relevancia, que le da visibilidad al problema de la inserción laboral de jóvenes.
«Sin embargo, consideramos que debe rediseñarse para que pueda dar una respuesta al problema del desempleo de los jóvenes en México. Los resultados reflejan su poca efectividad», expresó Paulina Gutiérrez, experta de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Además de recibir capacitación, los becarios tienen derecho al IMSS por un año, que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad, que no se carga a las empresas tutoras sino que lo cubre el Gobierno.
Unas 300 empresas ligadas al Consejo Coordinador Empresarial han sido partícipes del programa y coinciden en que se deben hacer ajustes, sobre todo para evitar la deserción.
El CCE reportó que han generado 20 mil oportunidades de capacitación en estos centros.
Pablo González Guajardo, encargado del programa en el CCE, reconoció que se deben reforzar la vinculación y capacitación, ofrecer más herramientas para apoyar la labor de los tutores, atender el abandono, mejorar la empleabilidad y generación de oportunidades y reforzar los mecanismos de seguimiento, evaluación y transparencia.
El programa abre oportunidades, pero es fundamental reconocer que se tiene que hacer mucho más y con urgencia, añadió.
«Tenemos que atender las causas y no sólo mitigar las consecuencias», consideró durante el evento «Jóvenes Construyendo el Futuro: generando oportunidades 2024».
También son constantes las quejas de los becarios en redes sociales, en el sentido de que hay tutores que les exigen que les den una parte de su beca a cambio de ser aceptados.
La Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en la operación del programa. Según el informe del 2022, se realizaron pagos a 242 beneficiarios por más de 5 millones de pesos, que eran trabajadores de dependencias públicas, lo cual está prohibido en las reglas de operación.
Además, no se realizó el reporte al Banco del Bienestar por el extravío de 355 tarjetas bancarias para que se cancelaran y, en su caso, reexpidieran.
Tampoco se desvinculó a los beneficiarios de las cuentas bancarias de 5 mil 491 tarjetas que no fueron entregadas.
Una iniciativa del Ejecutivo federal busca elevar a rango constitucional el programa, por lo que propone adicionar al Artículo 123 un párrafo para que el Estado otorgue un apoyo económico mensual por un año equivalente a un salario mínimo a jóvenes entre 18 y 29 años que no trabajen ni estudien para que se capaciten.
«Este cambio pondría una presión en las finanzas públicas del País sin tener información sobre cuántos jóvenes han logrado incorporarse al mercado laboral formal.
«Es decir, se seguirán destinando recursos públicos a un programa cuya efectividad para contribuir a la inclusión laboral de los jóvenes no ha sido medida ni comprobada», advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) tras la presentación de la iniciativa.