“¿Dónde está la sabiduría que extraviamos en el conocimiento?

¿Dónde está el conocimiento que perdimos en la información?”

T.S. Eliot, The Rock

 Para Blanca Lilia, Tania y Agustín con aprecio

Por: Octavio Díaz García de León

La idea: El gobierno gasta recursos cuantiosos en darle transparencia a su gestión porque el acceso a la información pública es un derecho plasmado en la Constitución. Son ya casi 20 años de estar inmersos en este proceso de transparencia pero existen pendientes que atender. Los dos nuevos comisionados del INAI, que serán nombrados pronto, tendrán el reto, junto con sus colegas y nuevo presidente, de impulsar los avances que hacen falta.

El Presidente de la República lleva a cabo conferencias de prensa diarias y con ello, satisface la necesidad de una buena parte de la población por conocer qué es lo que hace su gobierno. La Secretaría de Salud proporciona información todos los días sobre la pandemia. Ambas conferencias son una muestra de transparencia de la actual administración y si bien generan polémica y debate, de eso se trata: de que haya información para que la sociedad conozca y opine.

La transparencia en la actividad gubernamental se logró mediante un fuerte impulso de la sociedad civil y ha tenido dos hitos legislativos en nuestro país: uno en 2002 y otro que inicia en 2014. El primero sentó las bases del acceso a la información y la protección de datos personales con sencillez y el segundo hizo la tarea de transparencia más compleja. Esta última fortaleció al organismo garante federal, el INAI, pero quizá le dio más atribuciones de las que ha podido digerir.

Posiblemente en la última reforma hubo excesos al multiplicar las obligaciones de transparencia, pero fue un gran logro que aumentara el número de sujetos obligados. Para el INAI acentuó una dicotomía: garantizar el acceso a la información pública y por otra parte proteger los datos personales, además de que le dio muchas responsabilidades adicionales.

El Estado mexicano gasta mucho en transparencia y no me refiero al INAI, que es una institución austera y cuyos recursos, ante las tareas encomendadas, más bien son insuficientes.

Me refiero al gasto que implica mantener actualizadas las obligaciones de trasparencia que pueden llegar a ser hasta 78 por institución. Al gasto por dar respuesta en plazos cortos a solicitudes de información cuyo alcance no tiene límite, lo cual en ocasiones implica un trabajo institucional extraordinario. Al gasto que implica la elaboración de libros blancos e informes que se realzan al finalizar cada sexenio y a una gran cantidad de informes que las instituciones producen cotidianamente.

Quizá tenemos abundancia de oferta de información pública, pero no suficiente demanda de la misma. ¿Está la sociedad sacando provecho de toda esa información? ¿Le es realmente útil?

Por ejemplo, sería interesante que el INAI publicara estadísticas de cuantos accesos tienen cada una de las obligaciones de transparencia por institución. O cuantas personas consultan los libros blancos o cuantos leen los informes que los órganos internos de control presentan cada semestre.

Quizá sería conveniente, también, el separar en otra institución la tarea de protección de datos personales y crear una Ley de Secretos de Estado por razones de Seguridad Nacional.

En cuanto a la información pública gubernamental quizá sea conveniente mejorar la oferta, no en cantidad, que eso solo juega a favor de la opacidad, sino en  calidad, confiabilidad y veracidad de la misma; impulsando el uso de lenguaje ciudadano.

En este sentido, en un artículo reciente, Diego Valadés (https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/derecho-a-la-verdad-2020-05-20/op180424?pc=102 ) propugnaba por un “derecho a la verdad” en el cual todo funcionario público estuviese obligado a decir la verdad. No basta el derecho al acceso a la información, es necesario que ésta sea veraz.

En cuanto al uso de la información pública se requiere despertar el interés de la sociedad por la misma, no solo para mostrar dónde se encuentra y cómo conseguirla, sino cómo usarla y entender materias como el presupuesto, las adquisiciones y la obra pública.

Ya existen académicos y periodistas que han sabido utilizar la información pública para desenmascarar actos de corrupción como en el caso de la “Estafa Maestra”, pero una sociedad vigilante sobre el quehacer gubernamental requiere saber qué significa la información que se está generando.

Por otra parte, a pesar de los avances en transparencia, se sigue practicando la opacidad, intentando ocultar información. Se debe seguir combatiendo estas prácticas con sanciones ejemplares.

Al INAI se le presenta una gran oportunidad ahora que ingresan dos nuevos comisionados y que renovará su presidencia, para hacer un alto en el camino, repensar lo que se ha hecho, analizar el costo/beneficio de la transparencia para la sociedad y plantear iniciativas que mejoren esa relación.

Una nueva etapa de renovación podría suceder si los nuevos comisionados traen el perfil adecuado y la nueva presidencia aporta una visión renovadora para encabezar la transformación del INAI. Ojalá el Senado incorpore a los mejores candidatos para este propósito.

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