Saúl Alejandro Flores

Mis estimados lectores, continuamos con la temática abordada desde la semana pasada, en torno a que ya se cuenta con autoridades electas, entre ellos los legisladores federales, ya referí que la problemática nacional es amplia y compleja dado que al legislativo federal le corresponde de conformidad con su ámbito de competencia el definir y elaborar una nueva ley del agua. La vigente está totalmente desfasada, los conceptos y retos a diferencia de 1992 son radicalmente distintos y ampliados.

Los problemas van desde la clarificación de lo que es el régimen jurídico del agua en México, que no sólo es derecho humano, insisto debemos tener una visión más amplia que eso, la visión “antropocéntrica” únicamente nos orillará a contribuir al colapso del sector agua.

Hablar de una Ley General de Aguas, además de considerar lo que mencioné la semana pasada en el concretizar y sentar las bases para la aplicabilidad de lo que determinan los Artículos 1º, 4º, 25, 26, 27, 28, 73, 89, 115, 116 y 133 de nuestra Constitución, debe atender rubros que son alertas, como el cambio hidroclimático, el estrés hídrico, la anarquía, la perdida en los avances en la gestión de cuencas, la ausencia de autoridad del agua en el ámbito de la competencia federal, el botón de muestra lo tuvimos en Chihuahua con el Acuerdo de Distribución de Aguas con nuestro país vecino en el norte. En el sur hay otros problemas, pero el hecho de que se percibe abundancia evita que miremos los problemas reales, desnudando la ausencia y carencia de conocimiento de lo que es la gestión.

Se adolece de una claridad respecto a que el agua es un bien nacional y surgen las distorsiones que hablan de privatización del agua, lo cual es imposible y así quien seguro de decir verdades se convierte en un orate y a los cuatro vientos se desgarra las vestiduras como los fanáticos medievales que ante lo diferente y eficiente señalaban como brujas o criaturas del demonio a quien hace lo diferente y se despoja de inútiles cargas ideológicas. Aquí es importante la claridad de lo que es el régimen jurídico del agua, menuda tarea para unos legisladores en quienes aún tenemos expectativas de que harán su trabajo y quizás aquí esta nuestro error.

La problemática ambiental, la contaminación en los cuerpos superficiales y subterráneos, la incipiente política de saneamiento y el extravío por la forma en que debemos proceder a sanear, a la reutilización del agua y a la disposición de los residuos sólidos. La falta de vocación en actuar bajo directrices de planeación, no sólo en lo estratégico, operativo u organizacional, sino desde lo normativo. Los palos de ciego que se dan en construir, consolidar y poner en funcionamiento un subsistema financiero del agua (no existe), más aún con el negro panorama que se tiene y la indiferencia del gobierno federal.

La importancia de definir y poner sobre la mesa la necesidad de regular los usos desde el hidroagrícola hasta el público urbano con sus categorías de industrial y doméstico, la vinculación con el sector de generación de energía, la gobernanza y la claridad insisto de lo que es ser una autoridad en gestión y administración del agua más allá de la visión ingenieril de pretender solucionar todo con infraestructura, que si bien es componente de alta importancia y vertebral como la hidráulica, pero no es el todo.

La definición no sólo de reglas de operación para programas de desarrollo, eficiencia o mejora como lo fueron algunos y otros que permanecen en los programas federalizados, pero demandamos otros que no sean sólo estrellas fugaces de una administración sexenal, sino que lleguen para quedarse, dado que la solución de los problemas demanda tres décadas en promedio y ser tercos en solucionarlo en un trienio es mentir a una ciudadanía. Evitar la rotación de servidores públicos en el sector agua es un lastre y habla mal de los alcaldes y gobernadores, pero ahora, hablará mal también de los legisladores que no reparan en ello.

La agenda se engrosa cuando aún nos falta hablar de que la legislación federal debe implementar los mecanismos regulatorios en la prestación de los servicios, urge hacerlo porque mientras más se tarden, aparecerán ingenuos convencidos con “procuradurías de agua” que de nada servirían. No podemos permitirnos perder el tiempo con extravíos burdos de que el agua la privatizarán, ya basta de esa parafernalia paranoide que estorba e impide poner orden y preservar un recurso que no sólo es vital, que no es patrimonio de la humanidad, ni de un gobierno electorero y populista, el agua no es patrimonio es el elemento para miles de millones de formas vivientes, el humano es tan sólo una entre esa colosal magnitud, recuerden la importancia de emprender políticas y acciones que permitan que en México y Aguascalientes, el agua nos alcance.

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