El sistema federalista que impera en México define la potestad y las obligaciones y responsabilidades de cada nivel de la administración pública, lo que necesariamente se activa con los recursos que disponen cada quien. En este procedimiento, por regla general, los municipios están supeditados a la captación propia y a las participaciones o apoyos federales y estatales.

Por ello son tradicionales los clamores de los alcaldes, debido a los pocos recursos que obtienen y las necesidades que hay en materia de obras y servicios, motivo que utilizan como salida de escape cuando les exigen que resuelvan las demandas sociales.

Pues hoy no se podrán quejar, toda vez que a seis meses de haber tomado posesión recibieron una fuerte asistencia de la Federación, que en total envió 466.2 millones de pesos para los once ayuntamientos, cantidad que proviene del Fondo General de Participaciones (284 mdp), Fondo de Fomento Municipal (113.1 mdp), Fondo de Fiscalización (15.2 mdp) Impuesto a la Gasolina y Diesel (14 mdp), de la Tenencia Vehicular (8.4 mdp), Impuesto sobre Automóviles Nuevos (6.9 mdp), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (4.5 mdp) y el Impuesto Sobre la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico (277 mil pesos).

Por razones naturales, la mayor parte del pastel se lo llevó el municipio de Aguascalientes, al recibir 292.4 millones y por orden alfabético Asientos 15.9 mdp, Calvillo 21.6 mdp, Cosío 14.3 mdp, El Llano 14.4 mdp, Jesús María 26.5 mdp, Pabellón de Arteaga 16.2 mdp, Rincón de Romos 18.2 mdp, San Francisco de los Romo 15.3 mdp, San José de Gracia 17.4 mdp y Tepezalá 13.9 millones de pesos.

Con apego a las políticas de distribución de recursos federales, el 50% de la recaudación del Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos (4.2 mdp) se destinará al Fondo Especial para el Fortalecimiento de las Haciendas municipales, que tiene a su cargo la Secretaría de Finanzas del Estado, mientras que para la constitución del Fondo Resarcitorio se aplicará el 4.3%, tanto del Fondo General de Participaciones, como del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del IEPS y del Fondo de Fiscalización.

El único requisito que exige el gobierno federal al radicar las partidas, es que cada ayuntamiento demuestre documentalmente en qué las utilizó, por lo que es necesario que en todo momento cumplan con esta obligación para que se eviten dolores de cabeza e incluso que sean acusados por irregularidades, algo que le ha costado la libertad a más de uno de sus antecesores. Deben ceñirse a lo que decía aquel slogan fiscal: “papelito habla”, de manera que si gastan cien, mil o miles de pesos tiene que estar soportado por facturas y cuyo gasto debe ser para el beneficio colectivo.

La Constitución General de la República en su Artículo 115 puntualiza las obligaciones que le corresponden a los ayuntamientos, como son agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines, seguridad pública y tránsito y todos los demás que las legislaturas locales determinen, por consiguiente es de esperarse que en alguna de estas áreas se observe esa inyección financiera.

COLAPSÓ EL ALCANTARILLADO

Podría suponerse que de esos millones de pesos el Ayuntamiento de Aguascalientes debería destinar una parte para resolver el problema de la red de alcantarillado, que año tras año aqueja a la ciudad, lo que técnicamente es un asunto de difícil resolución debido a la traza urbanística, sin embargo tiene que haber una respuesta que asegure encausar las aguas pluviales al Río San Pedro y ya no provoque daños a su paso.

Hasta cierto punto es inocente afirmar que el drenaje se colapsa cada vez que llueve por la basura que se arroja a las alcantarillas, puesto que esto se debe a dos razones muy sencillas: la ciudad tiene un declive oriente-poniente que se convierte en una caída obligada de las aguas de lluvia que provienen de las lomas, hoy convertidas en fraccionamientos, cuyo cauce natural ha sido, históricamente, los arroyos del Cedazo, transformados en las avenidas Adolfo López Mateos y Ayuntamiento y cuya desembocadura es el río. Asimismo, las calles de la zona centro tienen una pendiente hacia la López Mateos, por lo que fluye por encima de las banquetas para llegar a su destino.

En la actualidad son múltiples los estragos y lo mismo afecta a casas-habitación y negocios que a cientos de automovilistas, que de pronto son atacados por la tormenta y sin alguna posibilidad de evitarlo.

Cuando se creó la citada arteria los tubos del drenaje fueron los apropiados para una ciudad de los años 60 del siglo pasado, lo que hoy están totalmente desfasados, por lo que se requiere ordenar un estudio que sin duda llevará tiempo en concluirse, pero alguien tiene que tomar la decisión de hacerlo.

Es incómodo que año tras año suceda este tipo de dificultades y lo único que se les ocurre a las autoridades es responder que todo se debe a la basura que obstruye las atarjeas, cuando la solución está en manos de los expertos.

Se entiende que son obras que no lucen, que políticamente no “visten” y que pocos ciudadanos toman en cuenta, por lo que cada administración municipal elude organizar un equipo de peritos que se encargue de proponer las medidas que correspondan, sin embargo el día que alguien lo haga y se lleven a cabo los trabajos, quedará grabada en la memoria colectiva el nombre de quien lo hizo.

LÁSTIMA CHIRIBITA

Por esfuerzo y acarreo no quedó, por lo tanto no debe haber remordimiento ni compunción en los diputados “verdes”. Hicieron todo lo que estuvo de su parte para sacar a los animales de los circos, pero en el que ellos ofician no les dieron el aval y ni hablar, a soportar la “explotación” y “malos tratos” a esas especies.

Después de los coscorrones que recibieron de los trabajadores de un circo cuando los fueron a retar, creyeron que con desafíos a sus mayores podrían obtener el apoyo para que se aprobara la ley que prohibiría la presencia de animales en los circos, pero lo único que lograron fue un rotundo rechazo, que fue reflejo de la repercusión pública que hubo sobre el tema, al existir un pronunciamiento mayoritario para que se mantuviera como está.

Lo anterior no significa que exista indiferencia social por lo que pueda haber no sólo en los circos sino en cualquier lugar donde utilicen a los animales, pero no se puede generalizar y aplicar la ley a rajatabla. Las acusaciones que presentaron los legisladores fueron globales, de hechos que han ocurrido en algunos sitios, pero que no se deben pluralizar. Si efectivamente tienen información específica que hagan la denuncia en contra de quien o quienes sean responsables y no pretender imponer su criterio.

A favor de ellos está que no es una iniciativa propia, sino que forma parte del programa nacional de su partido, por lo que quedan a salvo. Sabían que no iba a pasar, ya que si sus patrocinadores de ocurrencias políticas están en contra de que se acaben las corridas de toros y las peleas de gallos, difícilmente iban votar a favor de algo que tarde o temprano sería un bumerang.

DERECHURA EN TELECOM

Los agoreros se quedaron con las ganas de ser testigos de una lucha sin fin que frenara la ley de telecomunicaciones y sus leyes secundarias. Fueron meses de debates muy intensos, en que la oposición pretendió involucrar a los ciudadanos en general, para ello centró sus ataques en las grandes empresas de televisión (el “duopolio”, como lo denominan) y los agentes “preponderantes”, que incluyó también a la compañía telefónica del hombre más rico del mundo; sin embargo, finalmente el Congreso de la Unión aprobó por mayoría el dictamen.

Al promulgar la legislación secundaria, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que las modificaciones impiden cualquier bloqueo a Internet o a las redes sociales, comprometiéndose a preservar la imparcialidad en la red.

En la ceremonia que tuvo lugar en Palacio Nacional, el mandatario dirigió un discurso de 14 minutos y básicamente destacó que “la reforma refrenda la importancia de las telecomunicaciones como un servicio público de interés general y reafirma la rectoría del Estado mexicano en el sector”.

Explicó que “los usuarios accederán con plena libertad y sin discriminación a cualquier aplicación, contenido o servicio”, además, la meta del Estado es establecer 250 mil sitios públicos donde haya conexión a la red gratis. Afirmó que esto permitirá incrementar la cobertura del servicio de 30 %, como está actualmente, a 70 %, para los hogares y 85 % para empresas, como en países desarrollados.

A partir de esta promulgación, abundó el presidente, los usuarios podrán contar con más opciones en televisión y se abrirá el mercado a dos nuevas cadenas comerciales, que garantizarán diversidad en la programación, y de manera paralela nacerá otra cadena de televisión pública, bajo el nombre de Sistema de Radiodifusión del Estado mexicano, la cual tendrá la obligación de promover la equidad de género y los derechos de la niñez.

Peña Nieto también destacó que los suscriptores de televisión de paga recibirán todos los canales de sistema abierto, sin costo adicional y se prohíbe la contratación en exclusiva de contenidos, programas o eventos de amplio interés para los televidentes.

En su discurso, el titular del Poder Ejecutivo mencionó que la transición de la televisión analógica a la digital deberá quedar lista a más tardar el 31 de diciembre de 2015, y el Estado asegurará el acceso a familias de escasos recursos.

Entre los asistentes estaban Carlos Slim Domit, presidente del Consejo del Grupo Carso; Arturo Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas de Telmex; Daniel Hajj Aboumrad, de América Móvil; Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, vicepresidentes de Grupo Televisa, y Joaquín Arrangoiz, director general de Servicios Estratégicos de Azteca.

También Tristán Canales, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT); Alejandro Puente, de la Cámara de la Industria de Telecomunicaciones por Cable, lo mismo que los coordinadores del PAN y el PRI en el Congreso y los presidentes y miembros de las comisiones de Telecomunicaciones.

VARIACIÓN ENERGÉTICA

Al aprobar el Senado la Ley de Hidrocarburos, el costo del litro de gasolina y Diesel será regulado por la oferta y la demanda a partir de 2018, mientras que en el gas LP, el precio será liberado en 2017, luego de que el gobierno ponga en marcha un programa de apoyos concentrados para evitar alteraciones a los sectores más vulnerables de la población.

Asimismo, al avalar la ley en lo general, se determinó que los subsidios generalizados en tarifas eléctricas desaparecerán y en su lugar quedará los “subsidios focalizados”, que serán para la población de economía limitada, lo que a decir de los expertos golpeará a la clase media.

El debate y las negociaciones en torno a la Reforma Energética han sido la prueba de fuego para el gobierno federal y el Congreso, al converger demasiados intereses políticos, sociales y económicos, no obstante, entró a la última etapa para su aprobación total, lo cual no significa que esté dicha la última palabra, pues los partidos de izquierda seguirán adelante en su afán de echarla abajo.

Por ahora, todo se centra en las discusiones que tienen lugar en las cámaras de Senadores y Diputados, donde se analiza y en su caso, certifican, lo que la mayoría considera lo apropiado.

En la Ley de Hidrocarburos, el Senado modificó la iniciativa presidencial, al acortar plazos y ahondar la apertura para la inversión privada, por lo tanto, en lugar de expropiación de predios, como lo propuso el Ejecutivo, quedó en ocupación temporal con una contraprestación, pero si no hay acuerdo con los propietarios de la tierra se podrá llegar a la expropiación por interés público.

También se adelanta la liberación de precios de combustibles, de 2020 a 2018; la iniciativa no incluía abrir la importación al gas LP y se insertó en el dictamen que se abre a partir de 2016. La licitación será en sesiones abiertas y bajo principios de transparencia, máxima publicidad, igualdad, competitividad y sencillez.

Conforme a lo acordado, desde el uno de enero de 2016, Pemex perderá el monopolio de las gasolineras, ya que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrá expedir permisos para empresas privadas, mexicanas o extranjeras, y en 2017, las privadas también podrán importar gasolina.

Las empresas mineras que tengan una concesión para explotar carbón, podrán extraer gas natural sin participar en licitaciones, el único requisito es que acrediten solvencia económica y capacidad técnica, administrativa y financiera para realizar la actividad; para ello, a partir de la entrada en vigor de la ley, tendrán un plazo de 90 días para solicitar la adjudicación directa a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

La oposición mantiene su rechazo a la Reforma Energética, al considerar que se privatiza todo lo relacionado con las cuestiones petrolíferas y de energía eléctrica, y presagia una revolución, pues los campesinos no van a permitir que “ocupen” sus tierras. El senador perredista Luis Sánchez aseguró que al menos 5,866 ejidos en 260 municipios podrían resultar afectados. Según sus cálculos, se perjudicará a 33,877 localidades de 12 entidades federativas y un promedio de 16,901,000 mexicanos, que “por propiedad o vecindad”, verán afectadas sus actividades económicas y sociales.

Será al contrario, precisó el senador priista y líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Gerardo Sánchez; no habrá “ni maldición, ni despojo, la propuesta de ley es muy clara, en donde se encuentren hidrocarburos, los propietarios podrán asociarse y tendrían beneficios económicos”, lo que incluye a los campesinos más “amolados” que sean dueños de tierras ejidales o comunales, pues el simple hecho de serlo, los haría socios de las empresas petroleras.

En tanto que el gobierno federal mantiene la campaña, que con la aprobación de las leyes energéticas habrá reducción en los precios de productos petrolíferos y de energía eléctrica, el senador panista Ernesto Cordero mencionó que Acción Nacional está de acuerdo con la reforma, pero hay que ser muy claros: “No venimos a engañar a nadie, a decir que de milagro y en automático van a bajar las gasolinas, el gas LP natural y todos los hidrocarburos; no es el objetivo. El objetivo es generar el empleo que necesita el país y oportunidades para nuestros jóvenes”.

Cada legislador que estuvo en tribuna, fue para defender y apuntalar lo que sus partidos han venido sosteniendo sobre el tema, por eso, el pueblo únicamente debe esperar a la aplicación de las legislaciones para determinar en qué grado le beneficia o perjudica.

POSICIÓN RESBALADIZA

Son tantos los puntos de vista existentes en torno a los niños migrantes, que difícilmente habrá una salida que deje conforme a todos los que intervienen de manera directa o indirecta.

Son menores procedentes de países centroamericanos y en su paso hacia Estados Unidos cruzan por territorio mexicano, lo cual obliga a participar a los gobiernos de la región para encontrar una respuesta; sin embargo, lo único que han hecho, en el caso de México y Estados Unidos, es deportarlos, que aun cuando sea una medida legal, es un golpe directo a la memoria de los pequeños.

Para poner este asunto en su justa dimensión, cabe recordar que en el reino animal sólo el ser humano impone límites territoriales, ya que las demás especies pueden ir de un lugar a otro sin mayor problema, como sucede con las ballenas, que arriban cada año desde el Océano Ártico a Baja California, completando un viaje de ida y vuelta de 20 mil kilómetros para cumplir su ciclo reproductivo y de desarrollo; las ballenas jorobadas recorren 7,400 kilómetros para llegar al Océano Pacífico Ecuatorial; otro grupo de los mismos cetáceos procede del Polo Sur y anualmente recorre más de 8 mil kilómetros para llegar a aguas de Colombia, Ecuador y Panamá.

Ninguno de ellos requiere pasaporte ni se les impide el paso, como tampoco a las mariposas monarca que viajan hasta 4 mil kilómetros desde Canadá hasta los bosques de oyameles de Michoacán y Estado de México.

Todo lo contrario sucede con los humanos, que tienen una serie de restricciones para ir de una nación a otra. Cuando se les sorprende sin papeles, los aprehenden, son confinados en cárceles temporales y regresados a su lugar de origen, pero es más dramático al tratarse de niños y niñas que difícilmente pueden comprender el porqué se les impide huir de su país, en donde la pobreza y la violencia están hermanadas.

México ha sido un crítico permanente por el trato que reciben los indocumentados en EUA, pero no vacila en aplicar la misma política. Hace ocho días, el Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que ha repatriado al menos 5,253 niños y adolescentes migrantes centroamericanos que viajaban solos, y para hacerlo más rápido, lo lleva a cabo por vía aérea en vuelos comerciales y no en autobuses, desde Tapachula, como ocurre con el resto de los centroamericanos que carecen de documentos y que en su mayoría retornan a ciudades como Guatemala, San Salvador, Tegucigalpa y San Pedro Sula.

En lo que va del año, se ha regresado a sus países a 10,505 menores, de los cuales la mitad viajaba sin la compañía de un adulto, esto le cuesta al gobierno mexicano alrededor de 40 millones de pesos, entre el valor del boleto del repatriado y de los agentes federales, que por obligación deben acompañarlos.

Hasta ahora, ningún gobierno acierta a cómo evitar el éxodo y en todo caso qué hacer con quienes llegan a su espacio, pues el hecho de regresarlos es condenarlos a vivir en la miseria o que pasen a engrosar las filas de la delincuencia, lo que a final de cuentas afecta a toda la zona.