Integrantes de la sociedad civil organizada en el Estado rechazaron la acción de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra la ley de deudores alimentarios en Yucatán.
Mabel Haro Peralta, presidenta de la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo de la Igualdad de Género, recordó que el pasado mes de febrero se aprobó en el Congreso local de Yucatán la Ley 3 de 3, por lo que ya aplicaba para los cargos de elección popular. Sin embargo, la CEDH actuó en contra de esta ley, situación que atenta contra el derecho de las madres de familia a exigir la pensión alimentaria para sus hijos.
La activista señaló que, a nivel nacional, 10 millones de hogares son llevados por jefas de familia. “Estamos viendo que hay un apoyo absoluto a delincuentes, la CNDH tiene el rechazo de la sociedad civil de Aguascalientes con esta acción en contra de las infancias”, comentó.
Actualmente, no existen bases de datos que puedan ofrecer a las ONG información sobre el número de deudores alimentarios que han sido sentenciados, ni de cuántos incumplen con esta obligación.
La presidenta de la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo de la Igualdad de Género expresó que muchos de los deudores alimenticios han avanzado bajo el cobijo de organizaciones y de instituciones, lo que les ha permitido ocupar lugares en sindicatos, partidos políticos y otros puestos de poder.
Por lo anterior, los integrantes de la sociedad civil organizada hicieron un llamado al Congreso del Estado para que valore y apruebe la iniciativa 3 de 3 presentada por la legisladora San Juana Martínez Meléndez en colaboración con la sociedad civil, para que se proteja a las infancias y a las mujeres.
En tanto, señaló que en Aguascalientes existen violentadores que ostentan cargos en los diferentes órdenes de gobierno, por lo que buscará que estos se enfrenten a acciones legales para que respondan por sus actos.