RENÉ URRUTIA DE LA VEGA

Hace unos días, en entrevista de radio, comenté que el hecho de que el partido en el gobierno haya sumado cuatro gubernaturas más a su cuenta, con lo que a partir de octubre de este año estará gobernando en 20 estados del país, o en 22, si tomamos en consideración a los partidos afines a ese movimiento político, debería ser indicativo de buenas noticias en materia de seguridad pública y justicia penal, pues el hecho de que un solo partido político gobierne, no sólo esa cantidad de entidades federativas, que representan alrededor del 60% de la población de México, sino también la federación, lo menos que debería representar es que se contara con una fuerza extraordinaria en la estrategia de combate a la delincuencia y a la corrupción, sí de combate, porque estos fenómenos se deben de combatir con toda la fuerza del Estado, aunque no sólo con un uso racional de la fuerza, sino además con inteligencia para mantener el Estado de Derecho y no permitir que nadie que no sea el propio Estado sea el que gobierne.
Si 22 estados tienen unidad en la estrategia y que ésta se encuentra dirigida por el Gobierno Federal, lo lógico sería pensar que habría más y mejores resultados, extraordinarios diría yo, en lo que se refiere a la obtención de condiciones de seguridad y tranquilidad para nuestro país, al menos eso es lo que esperamos los ciudadanos de nuestros gobiernos; creo que cuando la ciudadanía votó por ese partido político lo debió de haber hecho con la esperanza de que represente la solución a esa problemática, máxime por el hecho de que las promesas de campaña y los discursos oficiales del presidente de la República así lo han ofrecido; el presidente dijo, recién iniciada su administración, creo que con toda la razón, que si no había resultados positivos en materia de seguridad pública no sería posible la Cuarta Transformación que enarbola como bandera política.
Sin embargo, solamente teniendo en cuenta datos objetivos e indicadores oficiales sobre la comisión de delitos, que en este país se mide con lo que se denomina “índice delictivo” que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, podemos afirmar que esos resultados aún no se dan, definitivamente no han disminuido los índices delictivos, por el contrario, sostenidamente han ido en aumento; aquí vale la pena hacer una aclaración en el sentido de que las ligeras disminuciones que se anuncian en algunos delitos en lo particular, no pueden ser considerados resultados en la disminución del índice delictivo, por diversas razones que tienen que ver en la mayoría de los casos con la naturaleza de cada delito, sus causas y las razones por las que momentáneamente disminuye la incidencia de la denuncia, que no siempre quiere decir que también disminuya la incidencia del delito, pero además porque, al igual que en administraciones pasadas, en ésta seguimos teniendo máximos históricos en diversas modalidades criminales, sin dejar de considerar otro factor determinante que es la criminalidad organizada, que indiscutiblemente se ha fortalecido y ha experimentado un crecimiento que se refleja directamente en el incremento de eventos delictivos de alto impacto, produciendo un fenómeno de normalización de la inseguridad y de la violencia cada vez más cruda.
De manera entonces que aquello que debería ser una fortaleza para el país, al menos en materia de seguridad pública y justicia penal, en realidad no lo es, por lo menos no lo ha sido hasta ahora y, repito, solo tomando en consideración datos objetivos, sin hacer juicios de valor ni afirmaciones subjetivas o consideraciones personales.
¿Qué podemos esperar de los gobiernos que acaban de ganar las elecciones en seis estados de México? Me gustaría abordar esta pregunta así, en forma general, para tratar de compartir una reflexión ciudadana al margen de apasionamientos políticos o de cualquier otra índole. Los gobiernos locales tienen un papel y una responsabilidad fundamental en lo que tiene que ver con seguridad y justicia, las y los gobernadores de los estados ejercen un liderazgo en materia, no solo política, sino también administrativa, dentro de la cual se encuentran las funciones principales del Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal, como lo son la prevención de la violencia y la delincuencia, la inhibición del delito y de las conductas antisociales, la investigación criminal y la procuración de justicia, así como el sistema penitenciario y de readaptación o reinserción social, aunque la administración o impartición de justicia no corresponde a los gobiernos estatales, sino a los poderes judiciales, pero que también forma parte de ese sistema, en lo que las y los gobernadores también ejercen un liderazgo y responsabilidad para su impulso y coordinación eficaces. Tampoco desconozco que formalmente la función de las Fiscalías no es directamente responsabilidad de los titulares del poder ejecutivo de los estados, sin embargo, debemos reconocer que siguen siendo éstos los que realmente ejercen el direccionamiento de estas instituciones.
El gran reto para quienes rendirán protesta como Gobernadoras y Gobernadores de los seis estados en los que habrá cambio de gobierno será lograr que las instituciones del Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal funcionen bien y cada vez mejor, no sólo en lo individual, sino además como un verdadero sistema, para lo cual se deberá poner especial atención en lo que se refiere al fortalecimiento de cada una de ellas, empezando por elegir a los mejores perfiles para ocupar, no únicamente la titularidad, sino también los cargos de mayor responsabilidad, integrando equipos de mujeres y hombres comprometidos con su función y con su estado, que privilegien la obtención de resultados institucionales y que ofrezcan un trabajo y desempeño profesional, especializado y siempre coordinado, tanto al interior, como hacia el exterior con las demás instituciones del sistema y con todos los actores y sectores involucrados.
Confío en que esto pueda ser una realidad, Aguascalientes tiene todas las condiciones para lograrlo, sumemos esfuerzos y aportemos desde la ciudadanía lo que nos corresponde, ese es el único camino para la exigencia razonable, el de la participación y el involucramiento activo como sociedad, sin dejar nunca de creer que el mejor estado no será el que tenga el mejor gobierno, sino el que tenga a los mejores ciudadanos y que si se reúnen ambos elementos, el resultado puede ser nada más y nada menos lo que queremos para nuestra sociedad, te propongo que hagas lo que te corresponde como ciudadano: hacer las cosas bien y cumplir las normas, no tenemos idea de lo increíblemente valioso y trascendente que esto puede llegar a ser si cada vez más personas nos sumamos a esta forma de ser.

rurrutiav@urrutiaconsulting.com.mx

¡Participa con tu opinión!