Aunque los procesos de elección o reelección de magistrados implican cierta expectativa política, debe evitarse su contaminación, y la posible ratificación en el cargo de la actual presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, ahora en manos del Congreso del Estado, deberá ser mediante evaluación con base en el dictamen que ya les presentó el Consejo de la Judicatura.

Claudio Antonio Granados Macías, catedrático e investigador de la Carrera de Derecho de la UAA, puntualizó que en el tema de la reelección o no de la magistrada Gabriela Espinosa, el Congreso del Estado debe seguir parámetros ya establecidos en las constituciones federal y estatal, teniendo en claro que buscar permanecer en el Poder Judicial “no es una concesión graciosa”, sino una garantía.

Consideró que mal están los diputados que, teniendo el documento para evaluar el trabajo de la magistrada, pretendan información adicional, restando valor al Consejo de la Judicatura que es el único facultado para ello y en el cual, el Legislativo tiene dos representantes que pudieron hacer uso de la voz antes de votar a favor del dictamen que se enviaría al Congreso, de manera que ahora a ellos sólo les corresponde aprobar o negar la solicitud, así como fundamentar su decisión.

Se debe señalar que pedir información distinta a la proporcionada por el Consejo de la Judicatura, “sale de la legalidad, contraviene al orden Constitucional tanto de orden General como local”.

EL CAMINO CORRECTO. Granados Macías refirió que en este proceso debe tenerse cuidado en las formas y el fondo legal constitucional, y los diputados, dejarse guiar por sus asesores y tener presente que existe una ejecutoria reciente de Juicio de Control Constitucional, 1998/2015 y del 3 de mayo de 2016, en donde se ratifica que el Consejo de la Judicatura es el órgano idóneo como garante de la Carrera Judicial para hacer la evaluación de los magistrados y emitirla para que los congresos la tomen en cuenta.

De no seguir esta instrucción constitucional, se tendrá otro concierto de inconstitucionalidades, y entonces es un tema que posiblemente los tribunales federales tengan que enmendar.

MANTENER EL EQUILIBRIO. Aunado a esto, el doctor en Derecho dijo que sería lamentable que los diputados ahora, pretendan ignorar los equilibrios en la integración de la Judicatura, pues un espacio que se ha cuidado en Aguascalientes es el de la equidad de género, por lo que sugirió no dejar de lado que Espinosa Castorena es la segunda mujer en encabezar el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.

Igualmente, resaltó que es el Poder Judicial la única institución del Estado mexicano que tiene un proceso serio de carrera profesional, en este caso el judicial, toral en momentos como los actuales, en que la justicia está asediada por los temas políticos e intereses de algunos grupos.

Lo que dice la Ley…

  • La Constitución Mexicana señala la garantía de reelección de magistrados y jueces en las entidades federativas, lo cual está conferido en el Artículo 116, Fracción II.
  • La Constitución de Aguascalientes, en el Artículo 56 párrafo quinto indica que los magistrados podrán ser reelectos en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial.
  • Quedó establecido que los magistrados cuyo nombramiento haya sido expedido con anterioridad al decreto 243 a agosto de 2012 -que es el caso de la magistrada Espinosa Castorena-, podrán ser reelectos a través de la evaluación de su desempeño, el cual será realizado por el Consejo de la Judicatura y someterlo a consideración del Congreso Local.