El Infonavit y la Secretaría de Economía crearon una Norma Oficial Mexicana para proteger de abusos y fraudes a los compradores de vivienda, lo que garantizará la protección efectiva de los derechos de los consumidores ante empresas inmobiliarias, constructores, instituciones financieras, promotores y otros actores que participan en este mercado, destacó su delegado, Sergio Armando González Serna.
El funcionario federal informó que con el objetivo de proteger de fraudes o engaños a la población al momento de adquirir una vivienda, la Secretaría de Economía y el Infonavit trabajaron la Norma Oficial Mexicana NOM-247-SE-2021 que regula las prácticas comerciales y de publicidad, así como los elementos mínimos que deben contener los contratos, relacionados con la compraventa de un inmueble destinado a casa habitación.
Comentó que a más de un año de haber sido impulsada por el Infonavit, esta nueva norma publicada en el Diario Oficial de la Federación garantizará la protección efectiva de los derechos de los consumidores ante empresas inmobiliarias, constructores, instituciones financieras, promotores y otros actores que participan en este mercado.
Detalló que la NOM-247-SE-2021 establece que los proveedores están obligados a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, calidades, medidas, materiales, acabados, seguros, intereses, cargos, términos, forma y condiciones de pago, plazos, fechas y demás condiciones aplicables en la comercialización, sobre todo aquellos que se hubieran ofrecido para la entrega del inmueble.
En materia de publicidad, dijo que el documento señala que ésta debe privilegiar en todo momento la transparencia a través de información veraz, comprobable, clara y exenta de elementos que induzcan al error o confusión al consumidor por engañosa o abusiva, conforme a lo señalado en la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Indicó que lo anterior es aplicable para todas las personas físicas o morales que intervengan directa o indirectamente en la asesoría y venta de vivienda tales como fraccionadores, desarrolladores y promotores de inmuebles, notarios, entre otros, de tal forma que se promuevan mejores prácticas y una mayor transparencia en el sector, en beneficio de las familias mexicanas. “Esta disposición será fundamental para que terceros no autorizados, como ‘coyotes’, lucren a costa de las y los derechohabientes”.

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