La iniciativa para crear los registros de Agresores Sexuales y el Registro de Deudores Alimenticios, bautizada como “Ley Quemón” que se ha propuesto por la fracción priista en el Congreso de la Unión, no va del todo bien encausada, pues antes que impulsarla como ley, debería considerarse una reforma a nivel constitucional, consideró el Jefe del Departamento de Derecho en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Eloy Morales Brand.

Consideró que es un tema de análisis, aunque no es novedad, pues una iniciativa similar a la presentada ya el año pasado en la Ciudad de México, donde se trató de impulsar el padrón de agresores sexuales y que finalmente no se concretó, ya que de entrada, es algo que debe verse en  materia federal y no en las legislaturas locales.

Esta iniciativa de “Ley Quemón” como inicia va mal encaminada, desde su punto de vista, pues se debe analizar primeramente si a nivel Constitucional está permitida una exhibición de los agresores o agresoras sexuales o de deudoras y deudores alimenticios.

Además, los argumentos que sugieren quienes ahora proponen esta iniciativa relacionan a lo que se ha hecho en Europa en torno al tema, pero se debe mencionar que en aquel continente hay países en donde se tiene sí, un padrón de personas violentas y deudores alimenticios, pero no para “quemarlos” o exhibirlos públicamente, sino que sirve en determinado momento para cuestiones laborales y legales.

De acuerdo al marco jurídico en México es algo que pudiera realizarse, pero en este tema primero tendría que reformarse la Constitución Federal, insistió, luego definir la ley y que ésta sea aprobada por la mayoría de las legislaturas estatales, pero además, considerar que también hay normativas internacionales que deben ser atendidas.

Sería pertinente que el contenido de la ley incluyera la integración de un padrón sólo con personas que han recibido sentencia por incumplimiento de pensión alimenticia o el delito de agresiones físicas o sexuales, pero el tema que debería ser incluido es si la Constitución permite hacer pública a la persona que ha cometido esas agresiones o faltas, pues resulta que la Carta Magna no permite que en automático sea difundida información de personas sentenciadas porque también tiene derechos de ejecución.

Ante esto, la sugerencia de los expertos en el marco del Derecho es que antes de llevar al pleno la iniciativa de la “Ley Quemón”, se revisen todos los marcos normativos a seguir.