Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

El presidente de la República, en un momento de arrebato, manifestó que “llueva, truene o relampagueé” las clases presenciales en preescolar, primaria y secundaria, iniciarán el 30 de agosto en forma obligatoria. Tomando en cuenta que los contagios de COVID–19, en su variante Delta, están en ascenso, varios consultores se dieron a la tarea de preguntar a padres de familia si consideran prudente que sus hijos regresen a la escuela, el 30 de agosto, en medio de los contagios del coronavirus. Entre el 40 y más del 60% de los padres consultados manifiestan que no están de acuerdo con que sus hijos regresen a las clases presenciales la fecha señalada. Unos padres de familia sugieren que el regreso sea a partir de septiembre, siempre y cuando las condiciones de salud sean propicias. Otros sugieren que sea dentro de tres meses; y otras más que en seis meses. Al darse cuenta el presidente de estas opiniones opuestas, y al estar siempre pendiente de su imagen, el martes 17 de agosto, en su acostumbrada mañanera expresó: “nadie, ni estudiantes ni maestros, están obligados a regresar a las aulas”; en otras palabras, el regreso es voluntario. O, ¿cómo se puede entender lo expresado?

La secretaria de Educación Pública, maestra Delfina Gómez, con el objeto de arropar lo expresado por el presidente de regresar a clases presenciales el 30 de agosto, formuló un decálogo para el regreso seguro a la escuela y en uno de los puntos asentó que “los padres de familia deberán firmar una carta responsiva de que sus hijos están bien de salud para poder regresar a las clases presenciales”. Sin embargo, en la misma fecha del 17 de agosto, el presidente expresó que él no estaba de acuerdo con esta disposición y que los padres de familia podían enviar a sus hijos sin ninguna restricción; dejando en ridículo a la secretaria de Educación. Sin embargo, hay quienes piensan que es bueno pedir la carta compromiso porque, de esta forma, se hace corresponsables a los padres de la salud de sus propios hijos. ¿Usted qué piensa?

Cuando se suspendieron las clases presenciales por la pandemia, hace año y medio, el Ejecutivo Federal y las autoridades de salud y educación, rotundamente expresaron que se volvería a las clases presenciales hasta que el semáforo epidemiológico estuviera en verde; hoy, en cambio y ante la tercera ola de contagios, las mismas autoridades dicen que se regresa a clases presenciales aun cuando el semáforo epidemiológico esté en rojo. ¿Usted cómo entiende estas órdenes?

Las autoridades, en general, dicen que todas las escuelas están en condiciones para recibir a los alumnos de manera segura; que todas han sido remozadas, que las vandalizadas ya están reparadas a plenitud, que todas las escuelas ya cuentan con agua potable, que los servicios sanitarios están en perfectas condiciones, que la ventilación de las aulas es perfecta y que todas las escuelas disponen de equipo y materiales de sanidad para toda la comunidad educativa. Sin embargo, los padres de familia, por su parte, muestran muchas escuelas abandonadas, destruidas, sin agua, servicios sanitarios en pésimas condiciones, sin equipos de trabajo y materiales de sanidad insuficientes. Ejemplos, a una escuela que carece de agua le enviaron una pipa con agua que bien puede servir para un día, ¿y para los demás días? A una secundaria de 500 alumnos, en el turno matutino, le dieron un termómetro y un galón de gel; ¿este material será suficiente para el ciclo escolar?

Para el regreso seguro a las escuelas se necesita dinero, no el discurso. Lamentablemente, en lugar de apoyos la educación ha sufrido recortes presupuestales en diversos programas a grado tal que las condiciones han empeorado y así se regresa a clases. ¡Qué embrollos!