Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores, con esta entrega concluyo la serie relacionada respecto lo que realmente debe proponerse y ejecutarse desde un gobierno estatal, basado principalmente en el marco constitucional que, no debe olvidarse, es el que determina los alcances y funciones de una autoridad; ocurrencias hay muchas, buenas intenciones e insensateces que afloran con alta frecuencia también. Las cinco semanas anteriores he hablado de la visión sistémica y de la incorporación de mecanismos regulatorios cuyos resultados se plasmen en la mejora de los servicios y en garantizar la concreción del derecho humano al agua.

Los rubros de la gobernanza, gestión y administración del agua que no han sabido implementar, porque, como lo he sostenido en este espacio, todo lo quieren solucionar con obra, pero la obviedad es: “¿de qué sirven tuberías si no hay líquido?”. Insisto, la obra es un componente muy importante en este proceso, pero no el más importante.

La legislación, en el caso Aguascalientes y las funciones que debe desempeñar una autoridad estatal del agua, debe ser en primer lugar su fortalecimiento, y esto no es solamente para las comisiones estales en el resto del país o el Instituto del Agua como es en Aguascalientes, sino la propia Conagua, la cual debe ser una autoridad en lo que debe ser, no una autoridad en lo que no debe, que gran parte del atraso nacional es consecuencia de ese extravío de la Conagua constructora y ahora de esa Conagua con visiones de activismo, pero con resultados y productos de anarquía.

Fortalecer a las autoridades estatales. Lo mencioné a lo largo de estas seis semanas, esa autoridad demanda un marco legal pertinente y un marco operativo y de gestión de vanguardia, un marco regulatorio que defina y controle las particularidades para el acceso al agua potable y saneamiento, así como los mecanismos e instrumentos financieros que permitan concretizar los objetivos y no se queden en “buenas intenciones” o en “quimeras”. La institucionalización de la planeación, seguimiento, evaluación y control, partiendo de la vertebración a través de planes y programas, así como el diseño, implementación y coordinación de políticas públicas en materia hídrica, las cuales han brillado por su ausencia en la mayor parte de las entidades y que en el caso de Aguascalientes no existen y que desde el ámbito de los actores decisores desconocen o simplemente no son de su interés.

Se demanda el establecimiento de una estrategia fáctica y financiera de Estado que facilite y garantice la atención adecuada a la infraestructura hidráulica, las autoridades estatales deben implementar las funciones y dotarlas del equipamiento, personal y capacitación, para que brinden la asesoría, y en su caso, elaboren proyectos, realicen la gestión para la inclusión en programas federalizados y den seguimiento a la ejecución.

Al igual que las labores para el apoyo a la operación y mantenimiento, se requiere analizar la organización de las autoridades estatales para determinar sus necesidades y planear las acciones e inversiones que se requieren para que cuenten con las facultades, los instrumentos normativos y estructurales (organización), los recursos humanos, materiales y financieros que les permita a su vez diagnosticar las necesidades y calidad de los servicios, aunado al diseño y coordinación de las estrategias, procesos, acciones e inversiones para impulsar la ampliación, el desarrollo y consolidación de los servicios.

La problemática actual ha llegado al grado de que ahora en verdad se vea con más seriedad a los sistemas de saneamiento y a la reutilización de agua residual tratada, después de que sólo existía en el discurso, y que los gobernantes lo veían como “elefantes blancos” en el caso también de Aguascalientes no fue la excepción, fueron incapaces de visualizar formas alternativas de saneamiento no en el modelo que no ha generado resultados, un modelo rígido y miope de saneamiento, el cual no es sólo una planta sino aquel que deber ser un sistema sustentable y sostenible. De ahí la importancia de visualizar y contar con una voluntad política ajena al pago de favores electorales a través de contratos y ajena a esa forma reiterativa de “hacer negocios con la obra, que por lo general se traduce en una obra ausente de apego a la normatividad y a la factibilidad”.

Las entidades federativas y Aguascalientes no pueden ya darse el lujo de repetir la ruta de la ineficiencia, que ha sido la constante hasta hoy en día, ya el tiempo nos rebasó, y emprender las acciones necesarias implican ir cuesta arriba. Nos vemos la próxima semana. No olviden la importancia de implementar políticas y acciones que permitan que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

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