Saúl Alejandro Flores

Continuamos amables lectores con lo que dejamos en el tintero de la semana pasada, respecto a qué deben hacer realmente las entidades federativas dentro de su alcance y lo que deben esmerarse para contribuir en la construcción de una política hídrica que permita hacer frente a la problemática del sector agua.

En contribuciones anteriores he mencionado reiteradamente la imperiosa e impostergable necesidad de establecer mecanismos regulatorios los cuales deben ser aplicados por un “ente regulador” estatal, insisto, la solución no es crear como lo maticé la semana pasada una “conagüita”

En este sentido, es de suma importancia no repetir lo mismo, no hacer una ley estatal de agua como se ha pensado, se necesita una visión distinta, además por qué los escenarios actuales y futuros son distintos a los que se vislumbraban o imaginaban cuando se creó la Conagua y se constituyeron las comisiones estatales de agua, en el caso de Aguascalientes y Oaxaca fueron los institutos de agua. Por ello, una visión distinta será dar un paso contundente en diseñar una ley estatal de regulación de los servicios públicos de agua y saneamiento, esto implica ir más allá de esa visión inercial y tradicional que lo único que propicia es hacernos volver al mismo lugar del que se partió. Además de no incurrir en la trampa de la inconstitucionalidad, pantano en el que han incidido hasta ahora todas las iniciativas de ley presentadas a nivel federal.

Debe quedar claro que la regulación no es el ejercicio de una ley sino el actuar de la autoridad para regular un mercado que por sus características naturales es asimétrico y que requiere balancear los derechos y obligaciones tanto de los ofertantes como de los demandantes. Traducido es entre los prestadores de los servicios y los usuarios, matizando que la autoridad municipal no puede desempeñar esa función porque sería violentar un principio que dice: “no se puede ser juez y parte”.

En el caso de un monopolio prácticamente perfecto como el de los servicios de agua potable y saneamiento, en el que sólo existe la posibilidad de un ofertante, la regulación es mucho más necesaria y tiende a proteger tanto a los clientes como al proveedor, de una captación política o económica. No debe perderse de vista que es un monopolio de la autoridad municipal o en su caso la federación por eso no caben los desgarres de vestiduras quienes no saben leer y vociferan que “ya se privatizó”, cuando el agua es un bien nacional y no hay por donde privatizar y de lo que acusan o señalan con el dedo flamígero es resultado de la negligencia, ignorancia o incompetencia de quienes ocupan los cargos públicos y no saben desempeñar su función.

Debe considerarse que la regulación de los servicios mencionados requiere de un marco completo e integrado para que la regulación pueda implantarse y hacerse efectiva, por lo que, es necesario generar además de la Ley que pueda establecer las condiciones de la regulación, prácticas y acciones previas y en paralelo que le den soporte a la función de regular y la hagan sustentable teórica y prácticamente.

Esta Ley estatal y las políticas que emprenda las entidades federativas y es el caso de Aguascalientes deben dejar en claro y establecer una visión sistémica como lo he sostenido desde hace más de once años que publico esta columna, un sistema estatal del agua, no debe confundirse con sistema de servicios, lo que debe considerar es lo siguiente:

  • Las bases para desarrollar un subsistema de información estatal de los servicios de agua potable y saneamiento, sistema que es indispensable para fundamentar la función de regulación, con los elementos y componentes que permitan la implementación, evaluación, calificación y control de los servicios prestados y su evolución dentro del marco de planeación de cada municipio.
  • Modelización de uno o varios sistemas tarifarios que tengan como eje una tarifa base equivalente al costo medio de los servicios, incluyendo todos los elementos para su sostenibilidad con una estructura que atienda los niveles socioeconómicos de la población con subsidios cruzados entendibles y regulables parcialmente por la estructura poblacional de cada municipio, independientemente del manejo del costo marginal como sustento para el crecimiento de la infraestructura. Esto requerirá de la aplicación estricta de una contabilidad de costos como respaldo. Por supuesto acorde a la región o municipio de que se trate.
  • Un convenio, apegado a la Ley, que deberá suscribirse entre el Gobierno del Estado y los municipios para consolidar esa sostenibilidad de los servicios, cuyo objetivo es participar en el proceso de la regulación y sus derivados expresados en su participación en aspectos presupuestales, informáticos, contabilidad de costos y tarifarios con pleno conocimiento de su corresponsabilidad.
  • El diseño de reglas de operación que permitan dar el puntual seguimiento y a la vez realizar las correspondientes correcciones que sean necesarias, todo ello en el marco que establece el artículo 116 constitucional.

Continuamos la próxima semana, con el resto de las atribuciones que deben diseñarse y qué acciones ejecutar, así como la generación de instrumentos financieros, por supuesto recordarles que es eso del “sistema estatal del agua” como herramienta rectora de la política hídrica. Nos vemos la próxima semana, no olviden la importancia de emprender políticas y acciones que permitan que, en México y Aguascalientes, el agua nos alcance.

Comentarios: saalflo@yahoo.com

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