Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores las dos entregas anteriores me permití compartir con ustedes una serie de reflexiones y análisis respecto a lo que las candidatas a la gubernatura difundieron como propuestas en caso de ganar la elección, aludiendo que con ello se solucionarían los problemas, lamentablemente como lo señalé, no se solucionaría la compleja problemática del agua que amenaza con salirse de control, dado que su listado adolece de focalización y responde a una inmediatez de captar votos, lo que sólo prolongaría la agonía.

Hay propuestas que parecerían novedosas, otras que son como siempre un listado de ”lugares comunes” y otras que no tienen pies ni cabeza, algunas que invaden competencias y ahí radica su primera debilidad pues ni la federación cedería y en un momento dado el municipio impugnaría ante dicha invasión, de ahí la importancia que antes de formular la propuesta las candidatas y sus equipos debieron analizar los alcances, por esa razón quienes desnudaron esa parafernalia exigieron desde la sociedad civil que no se dijo el cómo y claro no se podía decir el cómo por no contarse con una vertebración que permitiera su viabilidad.

Debe entenderse que todo gobierno y sus administraciones públicas se encuentran estrictamente sujetas al principio de “legalidad” (la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite) -esto suele olvidarse muy a menudo-, por lo tanto, y como lo dijo quien fue Ministro de la Corte en la tercera parte del siglo XIX, José María Iglesias, “sobre la constitución nada, bajo la constitución todo”, en ese sentido, al gobierno federal le compete sólo las aguas nacionales que comprende o describe el artículo 27 constitucional, no debe olvidarse que el artículo 124 nos indica la puerta para aquello que debe ser competencia de las entidades federativas, pero antes de continuar debemos reparar que el artículo 115 fracción III inciso a) determina a quien corresponden los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales y los sólidos que se generan, es decir, al municipio.

También es importante no perder de vista el artículo 4 constitucional en lo que corresponde al derecho humano al agua y que involucra a autoridades federales, estatales y municipales, así como a los usuarios en su papel de sociedad civil. Dicho lo anterior, pasemos a precisar ese ámbito restringido que tienen los estados, pero que a su vez tiene amplitud y demanda visión para que desde la entidad federativa se genere un frente sólido para detener los perjuicios que se ven con el cambio climático y la ausencia de pertinencia en la política hídrica nacional y local.

La semana próxima continuaremos dada la extensión de la presente colaboración, sobre decir que el diseño de la Conagua como autoridad del agua y la propia Ley de Aguas Nacionales de 1992 se quedaron cortas en el cómo afrontar el escenario que dejaba la extinta SARH, se visualizó que en las entidades federativas se descentralizara, como consecuencia se crearon las comisiones estatales, sin embargo, en algunas entidades se adoleció o careció de la experiencia y no se supo cómo respaldar a los municipios en su eterna carga por hacer frente a la problemática de los servicios. Peor aún se perdió la brújula de lo que se debía hacer desde la entidad federativa.

Por su parte, la Conagua buscó promover entre las entidades federativas, la adopción y publicación de un modelo de ley estatal de agua, cuyo objetivo era dotar a los estados de un mecanismo de control para guiar e impulsar la creación de organismos de agua potable y saneamiento, complementando de esa manera el limitado contenido que en materia de los servicios estaba plasmado en la Ley de Aguas Nacionales (LAN). A su vez supliendo un vacío, por que los municipios experimentaron una orfandad que suplió la federación, ya que la Conagua sólo debe actuar en el marco que establece el artículo 27, no en el 115, incurriendo en la inconstitucionalidad, ese vicio obedeció en que alguien tuvo que desempeñar esa función, de lo contrario, el ciudadano o usuario se hubiera visto afectado en los servicios de agua potable.

Para rematar la reforma constitucional de 1999 que pretendió dar fortaleza al municipio, con una razonable y argumentación impecable de dotar de esa añorada autonomía propició que el municipio sería autónomo y a la par abandonado a su suerte, sobra decir, que municipios y qué perfil de ellos lograron mantener su fortaleza e incluso prestar el servicio bajo estándares aceptables, la realidad arrojó un número muy pequeño que no llegan ni siquiera al 1%.

El error que se cometió fue replicar a la Conagua, digamos un doble error, en razón de que desde su fundación la Conagua debió ser autoridad del agua y terminó en ser constructora, una entidad que hacía de todo pero no lo que se necesitaba, el segundo error, fue replicar en la mayoría de las entidades federativas su correspondiente “conagüita”, ser constructores y no autoridades. La próxima semana volveré con el tema en el que insisto casi todas las semanas que se refiere a la añorada, incomprendida y extraviada “regulación”. Nos vemos la próxima semana, no olviden la importancia de emprender acciones que permitan que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

Comentarios: saalflo@yahoo.com

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