Salvador Rodríguez López

Puede haber dos o más delitos en el mal uso de las cuotas del ISSSSPEA que se descuentan a los trabajadores estatales y municipales, pero ninguna de las últimas administraciones estatales ha sido capaz de poner orden, por lo que los adeudos de los ayuntamientos, dependencias y organismos crecen sin que se conozca con precisión qué fue de ese dinero.

Es un asunto que se ha comentado varias veces en este espacio, sin que se obtenga una respuesta real del responsable en turno del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.

Quien llega a ese cargo trata de sobrellevarlo sin meterse en vericuetos, aún cuando su pasividad puede ser sinónimo de deshonestidad a partir de que no cumple con el deber primario que es el de velar por los intereses del organismo, además, no tiene que esforzarse mucho para lograr que se entregue en tiempo y forma las cuotas citadas, puesto que la ley que sustenta al ISSSSPEA establece lo que deben hacer los sujetos obligados y las sanciones a que se hacen acreedores en caso de inobservancia.

Los ayuntamientos son los más endeudados al alcanzar una cifra de 200 millones de pesos. Los alcaldes o alcaldesas en turno aducen que son débitos de otras administraciones, sin embargo los adeudos no son de los individuos que en su momento estuvieron en los puestos sino de las instituciones que encabezaron y que dejaron de cumplir los compromisos, por lo que el que quien está al frente actualmente es quien debe dar una respuesta puntual.

Lo anterior es independiente de que se investigue en qué se gastó ese recurso, que no debió ser utilizado para otra cosa que no fuera entregarlo al Instituto. Es factible que en los ayuntamientos aleguen que se gastó en obras y servicios o para el pago de la nómina, lo que significaría que no hubo robo, pero jurídicamente sí hay desvío al haberlo empleado para algo distinto al fin previsto, principalmente que es un fondo que está debidamente etiquetado y por lo mismo tiene un solo destino.

La Ley del ISSSSPEA establece que en caso de no recibir las cuotas que los ayuntamientos descuentan a sus trabajadores puede retenerse las aportaciones, participaciones o cualquier otro recurso destinado a los municipios, esto es, se cobrará por la fuerza y esto podría dejar “seca” sus finanzas, por lo que por aquello de no te entumas varios han recurrido a firmar convenios para pagar en parcialidades y otros han presentado denuncias en contra de sus antecesores.

Para que exista justicia plena debería investigarse no sólo a los ex alcaldes y ex tesoreros que le dieron un destino diferente a ese dinero, sino también a los ex titulares del ISSSSPEA para que expliquen los motivos que tuvieron para no actuar ante un posible delito,  ya que mínimo faltaron a una obligación elemental como es sanear la cartera vencida, por lo tanto hubo omisión y hasta un posible contubernio con los deudores.

Es tiempo de acabar con este tipo de situaciones, en las que un funcionario hace como hace y no hace nada, pero sí cobra un salario muy alto disfrazándose de ganso. Si se quiere sanear el medio burocrático es el momento al haber los elementos suficientes, todo es cuestión de querer y concretarlo.

ARTIFICIO Y FALSEDAD

Los datos que arrojó el segundo informe oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador no satisfacen ni convencen, principalmente en lo que se refiere a seguridad, salud, crecimiento económico y empleo, que están lejos de la realidad.

Parodiando al mandatario nacional, los expertos tienen “otros datos”, que naturalmente son distintos a los que él asegura ha obtenido en los casi dos años que tiene al frente de la administración pública, incluso uno de los últimos casos de presunta corrupción, como es el del ex director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, no persuade de que es realidad lo que tanto se ha dicho.

Uno de los menos inclinados de la información que sale de Palacio Nacional es el vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Fernando Herrera Ávila, que desde su trinchera ha dejado en claro que el caso Lozoya es sólo fuegos pirotécnicos para ocultar las condiciones en que está el país. El ex senador por Aguascalientes considera que hay un uso político en el caso Lozoya y su finalidad es distraer la atención de los mexicanos de los graves problemas que aquejan al país.

Sostiene que López Obrador busca a como dé lugar ser el centro de la atención sin importar los medios de que se valga, por lo que “prefiere que se hable de este tema y no de los más de 60,000 muertos por el Covid 19”, ni los más de 77,000 homicidios dolosos entre 2019 y lo que va de 2020, que tiene al país sumido en un escenario dantesco.

Señaló que a partir de la extradición del ex funcionario “el caso ha estado marcado por una serie de irregularidades y por la falta de pruebas contundentes. Sin embargo, el presidente ha arreciado su discurso político sobre la corrupción de los sexenios anteriores y pretende hacer un escándalo público de cualquier involucrado, violando con ello el derecho a la presunción de inocencia”.

Herrera Ávila sustentó que el video filtrado sobre la presumible declaración de Lozoya contamina el debido proceso judicial y viola el Código Penal Federal, debido a que no fue la Fiscalía General de la República la que presentó dicho material, sin embargo para López Obrador es una prueba irrefutable y a la que le ha dedicado demasiado tiempo en las últimas semanas, buscando el linchamiento político de quienes aparecieron en el video y tratar a toda costa vincularlos con el Partido Acción Nacional..

Una actitud contraria ha sido en el caso de su hermano Pío López Obrador, que fue exhibido recibiendo dinero en efectivo de David León Romero, ex director de Protección Civil en esta administración, asunto al que le dedicó 40 minutos para defenderlo y asegurar que ese recurso fue un donativo de los simpatizantes del movimiento nacional que él mismo fundó y que lo llevó al poder.

Ante la presumible evidencia de un ingreso indebido de recursos económicos para fines partidistas y político-electorales, el PAN presentó una denuncia formal en el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de Pío López Obrador y David León, “por el uso indebido de recursos públicos para el financiamiento de campañas electorales y por viciar la normatividad de financiamiento a los partidos políticos, así como de la transparencia y rendición de cuentas en materia de fiscalización de los recursos públicos”.

Fernando Herrera reiteró que el presidente no quiere que se hable de los verdaderos problemas del país, como la crisis sanitaria y los 60,000 muertos que ha dejado, “pero sí quiere que todo mundo hable del caso Lozoya”, pretendiendo en sus “mañaneras” manchar al PAN “porque es el único partido que le puede ganar en el 2021” y es algo que el partido no va a permitir, presentando en todos los foros posibles la verdadera realidad del país.

SIMILITUDES

En algún punto convergen las actitudes de los que hoy parten el queso, por lo que podría suponerse que mentalmente son siameses, Por una parte está el encargado de la delegación de Bienestar, que poco hace por resolver las continuas denuncias que hay de la mínima atención del personal a su cargo, que reclaman la inscripción o regularización por considerarse con derecho de recibir uno de los apoyos que tanto asegura el Presidente de la República ya reciben los diferentes segmentos de mexicanos, y por otra está el vocero del gobierno estatal que se volvió ojo de hormiga ante la solicitud de un ciudadano para que le tramitara una audiencia con el mandatario, algo tan simple como decirle al peticionario que en casi tres meses no ha tenido tiempo de comentárselo. La cuestión es que ambos sueñan con un “hueso” mejor, pero a decir verdad, nada hacen para merecerlo.