En 1993 fue el año en que se privatizó el agua potable y en 2019 el alumbrado público, por lo que el siguiente servicio que se entregue a manos de particulares sería el de limpia.

A ese ritmo el Ayuntamiento de Aguascalientes puede ser el primero en aprovechar el outsourcing para que se haga cargo de la nómina y el control del personal, para que el titular del municipio pueda dedicarse a la milonga y en sus ratos libres vigile que se cumplan los acuerdos.

Los tiempos que se viven son totalmente distintos a los de hace 26 años, en que el PRI impuso su mayoría en el Congreso del Estado y el Cabildo, con lo cual logró sacar adelante la entrega de la distribución del agua entubada a SAASA, (que después se convertiría en CAASA y ahora en Veolia), a lo que se opuso tenazmente el diputado del PRD Antonio Ortega Martínez sin mayor resultado que encabezar a un grupo que reinstalaba el servicio en los hogares donde se cancelaba ante la imposibilidad de sus moradores de pagarlo por lo elevado del cobro.

La experiencia que arroja estos cinco lustros – con una atención deficiente y quejas recurrentes que no escucha la autoridad municipal -, pudo haber sido un elemento convincente para que los legisladores no aprobaran la entrega del alumbrado público, pero en la sesión del pasado 5 de diciembre afirmaron que lo hacían en espera de acabar con lo inadecuado de las luminarias, mismo ardid que se utilizó con el agua al atribuirse una red caduca y con demasiadas fugas, por lo que con la nueva empresa pronto habría conductos nuevos y un servicio conveniente, sin embargo fue sólo el gancho, lo cual está plenamente demostrado en todo este lapso.

Según el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Augusto López Ramírez, leedor del dictamen, fue aprobado por la Comisión de Vigilancia del Congreso “para generar los beneficios económicos y ecológicos al Municipio de Aguascalientes”, propuesta que dijo, “va de la mano del Plan de Desarrollo Municipal 2017-2019, en el que se advierte la necesidad de hacer el cambio de las luminarias que han quedado obsoletas, además de la necesidad de incrementar la cobertura tanto en la zona urbana como rural del municipio, se busca acabar con los apagones, el vandalismo que se roba el cobre y generar ahorro de energía”.

Aseguró que el proyecto de referencia establece una inversión de 800 millones de pesos para cambiar todo el sistema de alumbrado público, “lo que quiere decir que no sólo las luminarias sino también darles mantenimiento, aplicar tecnología para monitorear el funcionamiento de todos y cada una de las luminarias vía satélite y en caso de ser necesario reponerlas de inmediato”, para ello, la empresa trabajaría con APP “y tendría en sus manos el servicio durante 10 años y después toda la infraestructura instalada  (pasaría) al Ayuntamiento”, sin que haya mencionado cuál será la ganancia de la firma que obtenga el contrato y quien lo pagará, aunque lo más seguro es que sean los propios ciudadanos.

Otro de los argumentos de los diputados para aprobar la desincorporación es que aún cuando Aguascalientes tiene más del 90% de cobertura en cuanto a alumbrado público, “el 90% de su infraestructura es obsoleta”, es decir el total de cableado, luminarias, postes, conexiones, etc., y es hasta ahora en que se dan cuenta que “gasta demasiado energía”.

Se desconoce quien redactó el dictamen, porque López Ramírez no llega a tanto, pero es absurdo decir que “el 90% de la infraestructura sea obsoleta” y al mismo tiempo anuncie que una vez que se retire podrá “ayudar a otros municipios con menos cobertura”, o sea que los “gallitos” serían vendidos o donados, aún cuando presumiblemente es un equipo deteriorado y por ello tiene que ser eliminado, por lo menos en la capital del estado.

MALOS PARA CUMPLIR

Cuando se trata de poner en entredicho a un gobierno o algún funcionario público, los primeros en dar un paso al frente son los dirigentes de partidos políticos y sus diputados, al autonombrarse “representantes del pueblo”, pero esa misma enjundia no la tienen a la hora de cumplir con sus obligaciones.

Al revelar la situación en que se encuentran los partidos, respecto a sus obligaciones fiscales y con organismos sociales, el presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Luis Fernando Landeros Ortiz, dijo que aún cuando está al tanto del problema no se puede descontar de las prerrogativas que reciben del erario, ya que sólo se aplica cuando proceden de infracciones electorales.

En ese sentido, el Partido Acción Nacional (PAN) es el que más adeuda, al registrar 218 mil pesos al IMSS, al Infonavit y Afore y 157 mil pesos al Impuesto Sobre la Renta (ISR) e IVA. Le sigue el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con 289 mil de ISR e IVA. El Partido Nueva Alianza debe 275 mil pesos por concepto de ISR e IVA. Movimiento de Renovación Nacional (Morena), 150 mil pesos del ISR e IVA; el PRI 124 mil pesos, de los cuales 51 mil corresponde a Infonavit y 73 mil a ISR e IVA; Encuentro Social 23 mil de ISR e IVA y finalmente Movimiento Ciudadano 13 mil pesos por ISR e IVA.

Si estos recursos los adeudaran el gobierno del estado o alguno de los ayuntamientos ya tendrían encima a los partidos y sus legisladores solicitando una investigación y un castigo ejemplar a los responsables “de evadir sus responsabilidades” y hasta hablarían de un desfalco, sin mirar la enorme paja que llevan dentro del ojo.

Landeros Ortiz adelantó que si antes de finalizar este mes no han pagado, el Instituto Nacional Electoral (INE) podrá aplicar multas para obligarlos a que lo hagan, lo que significa tratarlos como se hacía antiguamente con los menores de edad, que sólo a base de palmetazos obedecían.

Está claro que hay partidos que siguen resistiéndose en cumplir las obligaciones laborales, por lo que no aportan al Infonavit y el Afore o lo hacen con retraso, hecho que deja en una condición difícil a los trabajadores ya que se les puede negar o suspender el trámite para obtener un crédito de vivienda, o que se haga “perdidizo” el dinero que deben acumular para el Fondo del Retiro (Afore), lo que demoraría su derecho a la pensión.

Aunque no imposible sí difícil que los mismos empleados puedan hacer presión para que los directivos atiendan estos compromisos, toda vez que no tienen sindicato o un órgano que los represente, por lo que todo queda en manos del INE para hacer que entiendan que estos tiempos no son de señores de horca y cuchillo, sino de acatamiento a lo que fija la ley.

Por ello tiene que denunciarse públicamente quienes son los evasores y el porqué lo hacen, que sería por ineptitud, sustracción de los recursos y para “jinetearlos”, pero cualquiera que sean la razón o motivo, no debe pasarse lo alto.

TORPEDERO

Pasan los años y no puede sepultar el espíritu destructivo que le ha caracterizado a lo largo de su vida político-administrativa. Jorge López, actual presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos y titular de Turismo, tiene abiertos dos frentes, uno en contra de un diputado del PRD y otro con el Ayuntamiento de Aguascalientes, por lo que un día sí y otro también hace acto de presencia para tundirles, recordando su tiempo de dirigente estatal del PAN, cuando en 2010 se decía perseguido y que hasta temía por su vida, lo que nunca pudo demostrar, pero le daba para pasar por víctima. Como diputado federal mantuvo un pleito permanente con un conductor local de noticias y ahora sale con la queja que la presencia de puestos ambulantes “al por mayor” afecta al turismo y los vendedores significan una contaminación visual, lo que demuestra que más que un funcionario no ha podido dejar el papel de supuesto líder político, aunque en radio-pasillo se reitera que cumple el papel de ofensivo que le ha sido asignado por el palacio de junto y en aras de hacer méritos para volver en 2021 al Congreso de la Unión.