Los prestamistas no deben manejarse a su arbitrio, con contratos leoninos e intereses excesivos que afectan a las familias. Ayer, en sesión del Congreso, la diputada Martha Elisa González Estrada presentó una iniciativa de reformas al Código de Procedimientos Civiles, para armonizar la normativa federal con la local, así como reformar y adicionar los artículos que regulan el juicio ejecutivo civil en el tema de préstamos.
Busca que se establezca la obligación de que el juez en la sentencia regule los intereses de los financiadores, ajustándolos a una taza del 37% anual como máximo. Advirtió que la práctica de préstamo de dinero está prohibida por el artículo 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
Además, su homóloga Silvia Alaniz planteó reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, encaminada a fortalecer la autonomía de los municipios en la toma de decisiones para designar a sus titulares de las Secretarías de Seguridad Pública, eliminando con ello la figura del Mando Único.
En su turno, Arturo Fernández Estrada realizó un exhorto a la presidenta de la Comisión de la Juventud para que haga un análisis de la Ley del ramo, que considera “escueta en contenido, por lo que falta contemplar exigencias del sector con mayor número de población en nuestro estado”.
Al mismo tiempo, presentó un proyecto de Decreto en el que plantea la creación del Instituto de Profesionalización para el Docente del Estado, como órgano público desconcentrado del IEA, con la finalidad de garantizar y promover la capacitación, formación y actualización permanente de los docentes para continuar brindando educación de calidad a los niños y jóvenes.
En su intervención, Elsa Amabel Landín Olivares se pronunció por reformar la Ley de Protección Civil del Estado, con el propósito de que el Ejecutivo Estatal establezca mecanismos que fortalezcan al área antes mencionada en toda la entidad federativa, toda vez que Aguascalientes no está exento de catástrofes y contingencias.
La propuesta estipula que se reconozca la labor de las personas adscritas y voluntarias a las áreas de Protección Civil que acrediten una antigüedad de cuatro años, mediante descuentos de hasta el 50% en el pago del impuesto predial.
