La bancada de Morena en la Cámara de Diputados planteó reformar el Código Penal Federal para que los delincuentes peligrosos no accedan a la prisión preventiva domiciliaria aun cuando tengan 70 años.

La edad es actualmente un criterio que los jueces deben valorar para determinar si otorgan ese beneficio a los imputados.

El diputado Roberto Cañedo, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de San Lázaro, informó que presentó una iniciativa para reformar el artículo 55, a fin de restringir ese salvoconducto a los criminales catalogados como peligrosos ante el riesgo de que puedan escapar de la justicia.

Sin mencionar a la ex lideresa del SNTE Elba Esther Gordillo, quien ha pugnado en tribunales por acceder a la prisión domiciliaria alegando tener más de 70 años y sufrir alrededor de 10 padecimientos crónico-degenerativos, Cañedo señaló que los imputados no deben acceder a “facilidades” en tanto el juez de la causa no resuelva su situación jurídica.

“Todos aquellos que cometan delitos considerados como graves no deben tener el beneficio de cumplir la prisión preventiva en su domicilio particular, al tomar en cuenta que atentaron contra la integridad o el patrimonio de las personas y, con ello, afectaron los bienes jurídicos más preciados y valorados por la sociedad en su conjunto.

“Dotar de privilegios a delincuentes peligrosos puede constituir una vía más a la impunidad y, en consecuencia, una mayor inseguridad pública en el País”, afirmó.

El sábado pasado, un magistrado federal rechazó un amparo concedido a Gordillo para que se valorara su reclamo de la prisión preventiva domiciliaria conforme a los derechos humanos de los adultos mayores.

Miguel Ángel Aguilar López, magistrado del Primer Tribunal Unitario, resolvió no conceder el beneficio a la ex lideresa sindical por estimar que existe el riesgo de que pueda fugarse por estar procesada por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

A sus 71 años, la maestra pelea por que se le conceda la prisión domiciliaria, solicitud que ha sido rechazada con el argumento de que, cuando se ordenó su aprehensión, en 2013, aún no tenía la edad de 70 años que establece el Código Penal Federal para acceder a ese derecho.