Ayer, en sesión de las Comisiones Unidas de la Familia y Derechos de la Niñez, y de Gobernación y Puntos Constitucionales, se aprobó por mayoría un dictamen para modificar los artículos 2° y 4° de la Constitución del Estado, para que se continúe garantizando el derecho a la vida desde el momento de la fecundación.
En caso de que la propuesta sea aprobada por el Pleno Legislativo, las modificaciones establecerán que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.
La propuesta sostiene que “toda persona tiene el derecho inherente a que se respete su vida desde su inicio en la fecundación y hasta su culminación en la muerte natural, como presupuesto primordial que sustenta los demás derechos”.
Establece además que “queda prohibida la pena de muerte, la cual no podrá aplicarse en ningún caso. Toda persona tiene el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y ninguna ley podrá atentar contra la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana”.
También, “toda persona tiene los deberes y obligaciones correlativas a los derechos que esta Constitución y demás leyes le reconocen. Por ende, toda persona está llamada a contribuir al cumplimiento de las tareas comunitarias y de labor social en la medida de las capacidades y posibilidades, como el medio para el pleno desarrollo de su personalidad”.
Para efectos de esta Constitución y todas las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano.
El hogar y particularmente los niños sin excepción alguna, serán sujetos de especial protección por parte de las autoridades. Toda medida o disposición protectoras de la familia y de la niñez se considerarán de orden público.
Para que sea aprobada esta reforma constitucional, se requiere la mayoría calificada de 18 votos como mínimo, y posteriormente debe ser avalada por la mayoría de los 11 ayuntamientos del estado.