Por considerar insuficiente el castigo que amerita el robo y daños a la infraestructura pública que deja sin servicios a la ciudadanía, principalmente de agua potable, alumbrado público y seguridad, el diputado Maximiliano Ramírez Hernández presentó una iniciativa de reformas a los artículos 141 y 150 del Código Penal de Aguascalientes que permitirá sancionar con cárcel por hasta 15 años a los vándalos que provoquen este tipo de afectaciones.
En entrevista colectiva previa a presentar la iniciativa ante el pleno, refirió que urge poner orden legal en temas que afectan a la ciudadanía, que cada vez demanda mejores servicios, pero que resulta complicado para las autoridades municipales cumplir cuando se avanza a contracorriente, ya que, por una parte, se instalan los servicios y, por la otra, los amantes de lo ajeno o vándalos provocan daños y rapiña que afectan a todos los sectores.
Ha sido la propia ciudadanía la que ha pedido castigos más severos para quienes provoquen daños a la infraestructura urbana que, en la actualidad, el Código Penal contempla sólo 5 años de pena con cárcel a quienes cometen el delito, y la propuesta es que llegue a ser hasta de 15.
Si bien los ciudadanos de esta capital se han dado cuenta de los daños recurrentes que se llegan a tener por los robos y vandalismo, no es un problema exclusivo, sino que también lo sufren el resto de los municipios, por ello la necesidad de modificar el Código Penal con la aclaración de que no se requiere necesariamente la denuncia ciudadana, pues, ante cualquier daño, la autoridad puede denunciar los hechos y entonces que se abra la carpeta de investigación hasta dar con los responsables y se castigue ejemplarmente.
Recordó que siendo él titular de la delegación Morelos, en alguna ocasión hubo robos en la bomba del pozo que abastece a parte de esa zona, dejando sin servicio de agua potable a toda la gente del fraccionamiento Morelos, al Hospital de la Mujer, el Tercer Milenio y a las escuelas que se encuentran por ese rumbo, lo que fue por casi una semana.
Por lo pronto, la iniciativa quedará en manos para su análisis de la Comisión de Justicia, con la esperanza que pronto suba al Pleno y pueda ser aprobada antes que termine este año, “lo que pedimos es que el delito se tipifique para que aquellos que afecten el patrimonio y la colectividad de los ciudadanos tengan un castigo más severo”.