Ayer, en sesión del Congreso, el diputado Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza manifestó su preocupación ante el creciente número de infractores menores de edad, y por ello presentó una propuesta para la creación de cursos a padres o tutores cuando el menor sea identificado en actos ilícitos, confiando en que esta medida garantizará una responsabilidad efectiva en el cuidado y educación de sus hijos. Añadió que de no acudir, serán sancionados con una multa, y al faltar en tres ocasiones tendrán una sanción de arresto; además, advirtió que si los padres no tienen control sobre los menores, será mayor el riesgo de que delincan y que pongan en juego su bienestar y su vida misma.
En otro punto de la sesión, fue avalado por mayoría el dictamen que formuló la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para reformar diversos artículos de la Ley de Cambio Climático para el estado, presentada por la diputada Josefina Moreno Pérez. Los cambios incorporan la perspectiva de género de forma transversal en todo el sector medio ambiental, además de fomentar la participación de la mujeres en el acceso, uso, control y manejo de los recursos naturales, colocándolas como protagonistas en tomas de decisiones para mejorar su posición respecto a la conservación, cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales.
Por otro lado, los diputados rechazaron reformas a las Leyes del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la referente al ordenamiento orgánico de la Fiscalía General, así como la referente al Código Penal Local con la intención de adicionar un Capítulo en el que se consideraran esquemas de “contención de la delincuencia común y prevención de linchamientos”. Los dictaminadores argumentaron que de aprobarse dichas modificaciones se violentarían derechos humanos consagrados en la Constitución, como el de presunción de inocencia.
Por su parte, Raymundo Durón Galván presentó una iniciativa de reforma y adición a la Ley de Protección Civil del Estado encaminada a fortalecer el vínculo de las autoridades y sociedad civil, para reducir de manera significativa los riesgos y situaciones de vulnerabilidad ante posibles desastres naturales. La propuesta contempla la conformación de programas y protocolos que incluyan la implementación de cuando menos dos simulacros al año en escuelas, instituciones públicas y privadas, así como en todos los hogares, pues si bien Aguascalientes no se encuentra en una zona sísmica como la Ciudad de México, sí se han registrado leves movimientos telúricos desde el año 1992, por lo que consideró que “no debemos confiarnos”.