Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá esta semana un proyecto que declara la validez del Acuerdo Presidencial de mayo de 2020, por el cual las Fuerzas Armadas seguirán realizando labores directas de seguridad pública hasta marzo de 2024.
La Ministra Margarita Ríos-Farjat propuso al pleno de la Corte declarar infundada la controversia constitucional que la panista Laura Rojas, entonces presidenta de la Cámara de Diputados, promovió para impugnar el Acuerdo, publicado el 11 de mayo de 2020.
En noviembre de 2021, la Ministra había hecho una propuesta similar a la primera sala de la Corte, que decidió enviar el asunto al pleno. Ríos Farjat entrego un nuevo proyecto el pasado 9 de noviembre.
El proyecto rechaza los argumentos de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador invadió atribuciones del Poder Legislativo al instrumentar el uso de los militares en tareas de seguridad.
También niega que el Acuerdo no esté debidamente fundado y motivado, o que se vulnere la idoneidad de la intervención de las Fuerzas Armadas en este tipo de actividades.
La Corte tendrá que definir si el Acuerdo es un acto administrativo o una norma general, pues en el primer caso, bastarían 6 de 11 votos para anularlo, pero en el segundo, serian necesarios al menos 8 votos.
El Ejecutivo expidió el Acuerdo en uso de una facultad que le confirió el quinto transitorio de la reforma constitucional de 2019 que creó a la Guardia Nacional (GN) para seguir usando a los militares si lo consideraba necesario, pero sólo mientras se consolidaba dicho cuerpo policiaco en teoría civil, que a estas alturas, se ha convertido en un apéndice del Ejército.
Pero luego de la reforma reciente al quinto transitorio, que extendió hasta 2028 el «permiso» para usar a soldados y marinos en labores de seguridad pública, es previsible que en 2024 el Ejecutivo tendrá que renovar su Acuerdo, de ahí la importancia de la discusión en la Corte.
Al menos dos tribunales federales han declarado inconstitucional este Acuerdo, pero en amparos de organizaciones de derechos humanos que no pueden tener el efecto de invalidarlo.
Según estas sentencias, la Constitución sólo permite usar a los militares de manera «extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria» a la GN.
Los amparos afirman que no se cumplió ningún requisito, pues se dejó a los militares a cargo de la seguridad de manera permanente y ordinaria sin estar subordinados a civiles, sin regulación detallada y sin que se contemplen mecanismos de fiscalización para proteger los derechos humanos.
Para los tribunales, el Acuerdo prácticamente creó una nueva dependencia de seguridad pública.