Que no se les cobre en el transporte público a estudiantes, senectos y discapacitados, propone la bancada del PRD, y que ese apoyo a los grupos vulnerables sea subsidiado por el Gobierno.
Además, plantea que se revisen las condiciones laborales de los conductores del transporte urbano y de vehículos de alquiler.
El documento refiere que los choferes se encuentran en estado indefensión, pues por una parte, su trabajo es reconocido como regular, con estrictos horarios laborales; pero por otra, no cuentan con las prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo.
Igualmente, carecen de un plan de pensiones o jubilaciones y no cuentan con la cobertura de servicios médicos públicos, lo cual incumple las disposiciones constitucionales.
En cuanto al Consejo Consultivo del Transporte, a la fecha cuenta con pocas facultades y posibilidades de determinación, considerando que las mismas son insuficientes para que pueda regularizar y transparentar el proceso de entrega de concesiones en las modalidades de camiones urbanos y vehículo de alquiler.
En este segundo tipo de transporte público, es en el que más denuncias de irregularidades se han presentado, como la opacidad del proceso de recepción de solicitudes de concesión, así como la entrega y el acaparamiento de las mismas por una sola persona.
Para poder solventar tales irregularidades, el actual Consejo Consultivo debe convertirse en un Comité de Vigilancia y Consulta, con facultades para vigilar el proceso de recepción de solicitudes y entrega de concesiones, para garantizar la transparencia y justicia del mismo, evitar la discrecionalidad, el acaparamiento de concesiones, el tráfico de influencias.
Las concesiones, principalmente las de taxi, no se otorgan a los chóferes que por décadas las han reclamado, sino para favorecer a determinadas personas, incluso a funcionarios.
En la iniciativa se destaca que ya es tiempo de transparentar la entrega de concesiones y con ello acabar con el “mercado negro”, que aún existe en la venta de las mismas.