Nallely Hernández Pérez
Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El Gobierno podría garantizar un hogar a las personas afectadas por la crisis económica del Covid-19 con la renta de espacios disponibles para vivienda vacacional, actualmente desocupados, y subsidiar una parte de ese arrendamiento.

Ésa es una de las propuestas que la plataforma inmobiliaria Homie consideró sobre la iniciativa presentada por Morena para modificar el Código Civil y garantizar el derecho a la vivienda ante una emergencia como la actual.

Ricardo Vaca, socio y director de operaciones de Homie, señaló que una medida de apoyo positiva por parte del Gobierno no puede beneficiar solo a un sector en detrimento de otro.

“El Gobierno podría rentar las viviendas disponibles para uso vacacional que ahora están vacías hace meses y ofrecer un arrendamiento a largo plazo a la población garantizando un ingreso al dueño del inmueble por un periodo determinado, logrando una disminución del costo, incluso subsidiar una parte de ese arrendamiento y así no tocar el ciclo económico de propietarios que viven de su renta”, explicó.

De acuerdo con Homie, el problema de la iniciativa que entre otras medidas busca flexibilizar los pagos de renta en caso de emergencia, poner un plazo mínimo de arrendamiento de 3 años y evitar desalojos en caso de la ausencia de un contrato escrito, representa un riesgo en una entidad como la Ciudad de México, donde cerca del 50 por ciento de los alquileres carecen de un documento que los avale.

“Esto vulnera a ese importante porcentaje de capitalinos sin un contrato y los expone a posibles abusos de su contraparte.

“Estas modificaciones tienen el objetivo de mejorar algunas condiciones para los arrendatarios, pero podrían atentar contra la seguridad económica de los arrendadores, que en un gran porcentaje son personas que viven de ese ingreso y tienen un solo inmueble en renta”, dijo.

Esta semana, la organización civil Futuro21 alertó que la propuesta es una violación al derecho a la propiedad de los ciudadanos.

“Es el Estado, en este caso el Gobierno de la CDMX, el que está obligado a respetar y garantizar los derechos de los gobernados como la vivienda, no terceros particulares que arrienden sus inmuebles para esa vivienda”, puntualizó la organización.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) CDMX opinó que la propuesta es excesiva e ilegal, pues incluso en el contexto de afectaciones económicas a varios segmentos de la población, no hay amenaza de desalojos.

Para la agrupación inmobiliaria, la propuesta viola hasta la Ley de Competencia Económica al poner condiciones al mercado de vivienda, debido a que se limitan los montos de garantía de los inmuebles.

“Esta iniciativa viola el principio de no retroactividad, limita la libertad sobre la propiedad privada, la obligación de vivienda adecuada es del Estado, no de los particulares, la regulación y argumentación sobre caso fortuito o fuerza mayor ya lo contempla la ley sólo hay que hacerlo valer y la existencia de contratos verbales ya también están regulado”, argumentó Salvador Sacal, presidente de AMPI CDMX.

Consideró, que en todo caso, el Gobierno local debería crear el marco legal para que las autoridades correspondientes legislen las características de las nuevas viviendas en la Ciudad de México.

Debido a que solo es una propuesta y no hay nada formalizado, se debe considerar que habrá modificaciones al “borrador inicial”, por lo que hay que sumar comentarios para enriquecer la propuesta, opinó Ricardo Vaca.

Además, destacó que la iniciativa contempla también la negociación del pago de rentas, así como la facilitar mecanismos para la mediación entre ambas partes.

“Este tipo de acciones se tienen que ejecutar con previo acuerdo de ambas partes, no debería ser obligación del propietario aceptarlo y debería existir acuerdo de los involucrados”, declaró el directivo.