Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia discutirá hoy un proyecto que ordena al Congreso reformar la Ley de Migración, para establecer jueces que califiquen la legalidad de la detención de extranjeros, en particular los que permanecen en las estaciones migratorias.
La Ministra Margarita Ríos Farjat propuso a la Primera Sala de la Corte declarar que el Congreso ha incurrido en una omisión legislativa inconstitucional, por dejar en manos del Instituto Nacional de Migración (INM), dependencia de la Secretaría de Gobernación, las decisiones sobre privación de la libertad de migrantes por periodos que pueden ser de 15 hasta más de 60 días.
“No se advierte que el legislador haya establecido un control de la detención ejercido por alguna autoridad con funciones materialmente jurisdiccionales que califique la constitucionalidad y legalidad de esas detenciones; mucho menos, que cumpla con las exigencias de autonomía e independencia necesarias”, dice el proyecto.
De ser concedido el amparo, la nueva legislatura del Congreso que iniciará labores en septiembre tendría hasta diciembre de 2021 para acatar la sentencia, creando una autoridad jurisdiccional que sea la encargada de calificar las detenciones de largo plazo del INM.
La omisión legislativa, según Ríos Farjat, no deriva del incumplimiento de algún mandato expreso de la Constitución para crear este tipo de jueces, sino que se desprende de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)
“Existe un imperativo de rango constitucional (por incorporación de la CADH al texto fundamental) a cargo del legislador mexicano de establecer dentro del marco normativo que permite, la privación de la libertad de las personas extranjeras/migrantes en situación irregular, la existencia de una autoridad con funciones materialmente jurisdiccionales, autónoma e independiente de aquellas que la ejecutan, que califique la constitucionalidad y legalidad de la detención”, explica el documento.
Los detalles sobre el número, jurisdicción y adscripción de estos jueces quedarían en manos del Congreso, es decir, se tendría que definir si serían parte del Poder Judicial Federal o si serían tribunales administrativos.
En Estados Unidos, por ejemplo, hay 467 jueces de Inmigración que no son parte del Poder Judicial sino que dependen del Departamento de Justicia, y despachan en 67 cortes especializadas, amén que existe una Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés), que revisa sus decisiones en segunda instancia.
En México, la práctica habitual es que los extranjeros afectados promuevan juicios de amparo, tan pronto como son detenidos por alguna autoridad del gobierno, o cuando son enviados a una estación migratoria.