El nuevo Código Urbano del Estado sería inconstitucional, violatorio de derechos humanos y atentatorio contra áreas verdes, además de privilegiar la privatización de espacios públicos, acusa la asociación civil Conversa Sur, en la demanda de amparo interpuesta contra el ordenamiento y que fue admitida y está en curso en el Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación.
El organismo ciudadano que busca transformar los espacios locales de toma de decisiones y promover la participación efectiva de poblaciones excluidas y oprimidas por el desarrollo, pretende la protección de la justicia federal en contra del documento que entró en vigor en diciembre pasado por violar derechos humanos como el derecho a la ciudad y a la participación ciudadana.
Y es que el CU autoriza reducir los espacios públicos y áreas verdes de los desarrollos inmobiliarios, favoreciendo a las empresas en contra del medio ambiente y el derecho a la ciudad. Además, impide a las organizaciones civiles participar en Comités y Consejos municipales y estatales para las decisiones del desarrollo en la entidad.
La asociación considera regresivo e inconstitucional privatizar el espacio público y estas violaciones son relevantes, pues las poblaciones menos favorecidas y sus necesidades deben ser centrales en la toma de decisiones, especialmente cuando se afecta su territorio, vivienda o ciudad.
“El nuevo Código Urbano no atiende las problemáticas actuales de la población en materia de derecho a la vivienda, medio ambiente y participación”, expresó Alejandro Larios, director de Conversa Sur.
De hecho, dijo, “retrocede en derechos adquiridos y vulnera los relativos al ambiente sano y a la ciudad, al querer reducir la disponibilidad de espacios públicos. También afecta los derechos a la libertad de expresión, al escrutinio público y el derecho a defender derechos humanos al limitar la participación de la sociedad civil en los órganos de deliberación”, añadió Larios.
Por otro lado, Carla Escoffié, activista, académica y abogada especializada en derecho a la vivienda, señaló que: “este caso evidencia una tendencia a nivel nacional de dejar en manos del sector privado el desarrollo de las ciudades, incluso a costa de los espacios públicos, por lo que el PJF tiene la oportunidad de sentar precedente en materia de urbanismo con perspectiva de derechos humanos, lo cual sería relevante por el contexto de Aguascalientes, pero también de todo el país”.
