Con el régimen de juicio oral penal, que se inauguró en Pabellón de Arteaga el viernes 7 y que para mayo de 2016 debe estar en plena operación en todo el estado, habrá una justicia equitativa, efectiva y neutral, al quedar atrás el sistema inquisitorial.

Aguascalientes es la entidad 24 que participa de este programa y su finalidad es el fortalecimiento del estado de Derecho y las garantías de los ciudadanos, con lo que los imputados y la parte acusadora podrán conocer, enfrentar y confrontar sus pruebas y puntos de vista, abreviando los juicios.

Durante la ceremonia, en la que se subrayó que el Tercer Partido Judicial con sede en Pabellón incluye los municipios de San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Asientos, el gobernador José Carlos Lozano de la Torre señaló que con ello se atiende una exigencia social de tener una justicia “más transparente, accesible, profesional, imparcial, expedita y de más calidad”, lo que asegura el cumplimiento del debido proceso.

Sostuvo que con el respaldo de la Federación, su administración ha promovido las conciliaciones al marco jurídico, con lo que se cumple las condiciones necesarias para la instrumentación de la justicia adversarial.

Con ese cambio se da cumplimiento a lo dispuesto en la reforma constitucional que se hizo para el Sistema de Justicia Penal en México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio de 2008 y que fijó el año 2016 para su total observancia. El propósito fundamental es respetar los derechos que tienen la víctima y el ofendido, al igual que el acusado, presumiéndose ante todo la inocencia del imputado.

Cabe destacar que la etapa del juicio oral es el proceso que tiene lugar ante tres jueces, que presenciando la realización y aplicación de todas las pruebas previas testimoniales, periciales e inspección, entre otras, tendrán los elementos suficientes para dictar el fallo, que puede ser absolutorio o condenatorio.

La reforma plantea la profesionalización de todos los que intervienen en el proceso, como jueces, policías, ministerios públicos, peritos, secretarios de acuerdos y magistrados, además, los abogados litigantes en materia penal, deberán certificarse para poder participar en los juicios.

De manera inicial hay aspectos muy positivos, principalmente que con el sistema oral no se publican los nombres ni datos de los imputados, sólo el hecho, hasta en tanto se dicte sentencia, bajo la presunción de inocencia del o los acusados, asimismo, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y las audiencias serán públicas y sólo excepcionalmente, a puerta cerrada, parcial o totalmente, lo que resolverá el órgano jurisdiccional.

También se establece que para efectos de sentencia, sólo se admitirá como pruebas aquellas que hayan sido descargadas en la audiencia de juicio, no las declaraciones ante el Ministerio Público, por lo que éste tendrá que demostrar la culpabilidad, como parte acusadora.

Un aspecto de la mayor trascendencia es que se acaban las acusaciones en secreto y las detenciones ilegales, muchas de las veces a cargo de sujetos encapuchados que sin identificarse utilizan la violencia para llevar a cabo las aprehensiones y que más tarde resulta que son agentes ministeriales. Aunque es demasiada belleza, ojalá que realmente se cumpla esta vieja demanda de la sociedad.

ÁNIMOS DE SALIVA

Las exhortaciones de aceptar y tolerar al adversario, ajustando su comportamiento a lo que dispone la ley, es letra muerta para los dirigentes partidistas, que no sólo utilizan el ataque directo, sino que se valen de la diatriba, los dicterios y la provocación para llevar agua a su molino.

Acción Nacional acusó al Revolucionario Institucional de violar la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 25, que obliga a los partidos de abstenerse en su propaganda política y electoral de cualquier expresión que denigre las instituciones y los partidos o que calumnie a las personas, por lo que el presidente estatal del blanquiazul, Paulo Martínez, dijo que en uso de sus derechos y obligaciones como instituto político “tomamos la decisión de demandar al PRI por su guerra sucia, que calumnia, que miente, que denigra y que insulta la inteligencia de la ciudadanía de Aguascalientes”.

Ya en plena carrera, atribuyó a los priístas de utilizar el canal oficial del gobierno del estado y lanzó toda clase de improperios, al considerar que no pueden utilizar el canal para “uso propagandístico, electorero, baratija política y de ínfimo nivel”. Cae en lo que acusa.

Como colofón, también tuvo para el gobernador del estado, por presumiblemente promover su imagen más de la cuenta con motivo de su cuarto informe, por lo que también recurrirán a los tribunales para que frenen este aspecto.

Después de sus desahogos, Martínez invitó a los partidos a ser congruentes y respetuosos de las leyes, lo que podría decirlo en voz alta y ante un espejo para que se convenza que el buen juez por la casa empieza.

Donde las dan las toman y al día siguiente el líder del PRI, Francisco Guel Saldívar, acusó al Ayuntamiento de Aguascalientes de desviar recursos a favor del PAN, lo que hace “de manera descarada e inmoral”, dijo, por utilizar vehículos oficiales para actividades políticas y que se cataloga como “desvío de recursos”, lo que debe ser sancionado de acuerdo a lo que dicta la ley correspondiente.

Guel Saldívar condenó la doble moral del PAN al pretender “confundir con mentiras a la población, en tanto ellos violan la ley de manera patente y a plena luz del día” y para demostrarlo narró que “el pasado viernes, entre 10 y 11 de la mañana, un vehículo Ford Ikon con placas AEG-65-43 y rótulos del Ayuntamiento de Aguascalientes, permaneció estacionado en la sede del PAN, situada en la Avenida Ayuntamiento. En determinado momento, del interior del edificio partidista salió un individuo que abordó dicha unidad y se retiró del lugar”.

En función de lo descrito, el máximo dirigente del tricolor subrayó que es una clara muestra de desvío de recursos públicos que debe ser investigado y sancionado el empleado municipal y quien lo envió a ese lugar.

También el PRI reúne “pruebas” de la hipotética complicidad del acalde Juan Antonio Martín del Campo y la Concesionaria de Aguas, toda vez que CAASA “le está torciendo la mano a nuestra gente humilde para que traicione sus ideales a cambio de que apoyen a los azules, (además) el presidente municipal se ha convertido en cobrador de la Concesionaria de Aguas y esto no se lo vamos a permitir”.

Fue una semana de “toma y daca” entre ambos partidos, que comenzó el lunes con la acusación de Francisco Guel hacia el PAN por el abandono en que tienen los diputados de este partido a los electores, particularmente en el Distrito XI. Ante ello ofreció encabezar sus demandas e inquietudes y que sepan que en el Revolucionario Institucional sabrán escucharlos y atenderlos.

Como se ha mencionado en Línea Privada, son los “piques” clásicos previos a las precampañas, sólo que esto augura que la arena política en 2015 estará convertida en un herradero, muy lejos de lo que dispone la legislación electoral.

NO SE DEJA

De la misma manera que el senador Martín Orozco presumió la audiencia con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, Lorena Martínez Rodríguez lo hizo con su participación en el Foro “Juntos para la Acción, Alianza para la Prevención del Crimen y la Vivienda Juvenil en las Américas”, efectuado del 4 al 6 de noviembre.

La reunión tuvo lugar en Guatemala, organizada por el gobierno de este país y el Banco Mundial, donde la ex alcaldesa de Aguascalientes participó en la mesa “Hacia una respuesta municipal más integral y comprensiva”.

En su exposición, Lorena Martínez habló sobre las políticas públicas de seguridad ciudadana que aplicó durante su administración y que hoy se siguen reconociendo a nivel nacional e internacional, como son los programas Convive Feliz y la Línea Verde.

Además de la representación mexicana y guatemalteca, estuvieron de Estados Unidos, Colombia y Trinidad y Tobago, analizándose lo que ha dado resultado en cada lugar para buscar que se implante en otros y de esta manera puedan desarrollarse acciones en los municipios que permita enfrentar el crimen y la violencia, flagelos que agobian a millones de habitantes de la región.

ESCENARIO ABSURDO

El rostro de la violencia continúa permeando en la vida de México. Ninguna fuerza gubernamental ha sido capaz de frenar el baño de sangre que se mantiene desde hace más de diez años en varias regiones del país. El cambio de sexenio y la nuevas estrategias de nada han servido para impedir las acciones de una delincuencia más arrogante y dispuesta a todo con tal de no perder sus cotos de poder.

Los crímenes en contra de figuras sociales, políticas, estudiantiles, militares y policíacas, entre otras, cimbran la conciencia nacional, sin embargo, son más los que mueren en el anonimato sin que se haga algo más allá que levantar el cadáver y atribuir el ataque al crimen organizado. Para ellos no hay marchas ni una agitación masiva, ni siquiera una oración de quienes han hecho a un lado sus deberes eclesiásticos para meterse de lleno en los grupos demandantes de justicia.

Se ha llegado al extremo de no creer en los organismos públicos, por lo que aun cuando los forenses mexicanos son de los más reconocidos a nivel internacional se pidió la presencia de sus homólogos argentinos, para que en el caso Ayotzinapa analicen los restos que se han encontrado en fosas clandestinas, como parte de la búsqueda que se hace de los normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre.

Atrás de todo lo que emerge, como violencia, muerte y secuestros, está el interés de los grupos delincuenciales que se benefician con la situación que ellos mismos provocan, al alimentar la intimidación, el chantaje y el rencor en contra de los gobiernos y de quienes los presiden, además de lanzar ataques a la empresa privada.

Está claro que a los barones de la droga no les conviene un país paralizado sino inestable, que les permita operar sin el peligro de ser frenados o aprehendidos, por lo que se las han ingeniado para que sus maniobras sean superiores a las oficiales.

Lo que se necesita es replantear el sistema de seguridad pública basado en prácticas civiles, no militares; reorganizar los organismos de inteligencia para no ir atrás de la crueldad y que las procuradurías estatales y la federal no sean simples “levanta-muertos”; considerar en qué han fallado las leyes en la materia, ya que la dureza en las castigos que llegan hasta la virtual cadena perpetua, no desalienta la comisión de los delitos.

Por lo anterior, más que un pacto por la seguridad como propone el presidente Enrique Peña Nieto, que sería firmado por los mismos de siempre, se necesita que el pueblo tenga confianza en sus instituciones y en quienes están al frente de ellas, que pueda cumplir sus actividades sin temor de convertirse en una estadística más, y que la niñez y la juventud crezcan en un ambiente sano, en paz y de respeto.

EN LAS ANTÍPODAS

Los últimos días fue una de cal y otra de arena para el gobierno federal, al lograr la aprehensión del ex presidente municipal de Iguala y su mujer, a quienes se les atribuye la autoría intelectual del asesinato de seis personas y la desaparición de 43 normalistas, sin embargo, un día antes asesinaron a un general retirado del Ejército, que era el coordinador regional de seguridad pública de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo.

Lo que pudo haber sido una respuesta contundente a una nación que exige conocer la verdad sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre, con la aprehensión del ex alcalde José Luis Abarca, quedó ensombrecida por el homicidio del militar y de su esposa.

La pareja guerrerense más buscada por la justicia mexicana estuvo oculta poco más de cinco semanas, considerándose que podía estar en alguna parte de Guerrero o de Querétaro, pero para sorpresa de muchos fue encontrada en una vivienda de difícil acceso de Iztapalapa, Distrito Federal, ubicada en el número 50 de la calle Cedro de la colonia Tenorios.

José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda estuvieron en ese lugar, con las protecciones metálicas tapadas con tablillas de madera y los vidrios de la puerta principal con papeles, con lo que evitaban que desde el exterior se pudiera observar lo que ocurría adentro. Junto con ellos se detuvo a la joven Noemí Berumen, hija de Salvador Berumen, el dueño de la empresa Grúas Berumen, quien se encargaba de comprar los víveres y llevárselos, por lo que se le atribuye complicidad.

Luego de haber declarado ante la SEIDO, Abarca fue trasladado a la prisión federal del Altiplano y su mujer quedó arraigada por 40 días, sin embargo, más allá de las responsabilidades que tengan en los hechos de septiembre, lo verdaderamente urgente es saber el paradero de los 43 normalistas, por lo que las autoridades deben apresurar las indagatorias, sea que el edil de Iguala diga dónde están o que las fuerzas federales los localicen.

El lunes tres, un día antes que detuvieran a Abarca, fue ejecutado el general en retiro Ricardo César Niño Villarreal y su esposa Flora Pineda Orozco. Era coordinador regional de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas en la franja fronteriza, con base en Nuevo Laredo. Más de 100 disparos recibieron el ex militar y su compañera, en el municipio de Vallecillo, Nuevo León, a poco más de 150 kilómetros de Monterrey. Viajaba sin escolta y aunque en un principio se dijo que no iba armado, en las indagatorias se consideró que llevaba una escopeta con la que repelió la agresión a lo largo de 2 kilómetros que duró la persecución.

Aunque un hecho y otro pueden no estar vinculados, de cualquier manera la captura de los Abarca se opacó con la emboscada al militar, que por el cargo que ostentaba, su muerte es una llamada de atención para el gobierno de Tamaulipas y de la Federación, porque así como se atrevieron a atacarlo a él lo pueden hacer con cualquier persona de esa entidad o de otra parte del país.

A RÍO REVUELTO…

La cascada de acontecimientos de las últimas semanas y la demanda de Andrés Manuel López Obrador para que renuncie el presidente Enrique Peña Nieto han encontrado eco en algunos representantes sociales y de medios informativos, al suponer que con un cambio en Los Pinos se remediarán las cosas en México.

Le cuelgan al gobierno federal los sucesos ocurridos en Tlatlaya e Iguala, en que fallecieron 22 jóvenes en el primero de ellos, presuntamente a manos de una partida militar, y en el otro la muerte de seis personas y la desaparición de 43 alumnos de la normal de Ayotzinapa, Guerrero.

Si bien, son asuntos muy lamentables que deben ser castigados con todo rigor, es difícil aceptar que por ello el Presidente debe abandonar su cargo, como tampoco lo dejó Felipe Calderón por la muerte de 72 indocumentados centroamericanos en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, imputado a un cártel del narcotráfico.

Se dice que hay claros signos de ingobernabilidad y una crisis difícil de vencer, por lo que la única solución es atender el llamado de López Obrador, pero no se menciona que el país está en marcha, con millones de mexicanos en los centros de trabajo, en las oficinas, los bancos, que los servicios de salud operan con normalidad y los hombres y mujeres del campo siguen en sus labores, por lo que no se da los supuestos que invocan.

Los mismos que piden su renuncia critican que cumpla con sus compromisos internacionales, como el viaje a China y Australia, que en lugar de ser del 7 al 17 del mes en curso será del 9 al 11. Son visitas programadas pero que astutamente sus malquerientes propalan que tomó la decisión de última hora para evadirse de los problemas que hay en la nación.

Lo que menos le conviene a México es un cóctel de inestabilidad política y seguridad pública, que no sólo acabaría con el régimen actual sino que arrastraría incluso a quienes promueven esa medida. Cualquiera puede lanzar el cerillo, pero nadie tiene a la mano el extintor.

GIMOTEOS PARTIDISTAS

Ante el rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que llevaran a cabo las consultas populares el próximo 7 de junio, los partidos políticos implicados reaccionaron de distinta manera, ya que mientras el PRI aceptó la decisión sin matices, el PAN lo hizo rezongando, el PRD amenazó con llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Morena calificó a los ministros de abogados “chicaneros, huisacheros y coyotes”.

Además, los senadores del PRI y el PVEM frenaron la propuesta de una consulta popular para reducir en un 50 por ciento el salario del presidente Enrique Peña, que impulsaban legisladores del PAN y el PRD.

Como es del conocimiento público, el PRI pretendía que los ciudadanos aprobaran eliminar los escaños de 100 diputados y 32 senadores, bajo el argumento que significaría un considerable ahorro para ambas cámaras, sólo que de acuerdo a la Constitución sólo el Congreso de la Unión y los congresos locales pueden avalar una reforma constitucional para ese fin.

Por su parte, el PAN buscaba llevar a consulta que los mexicanos respondieran si estaban de acuerdo en que aumentara el salario mínimo y Morena y el PRD que se eliminara la reforma energética. En ambos casos los ministros establecieron que hacerlo afectaría la economía del país y de manera particular los ingresos y egresos de la administración pública.

En todos los asuntos sugeridos los promotores sabían cuál sería el desenlace, pero aprovecharon el ínter en que la Corte daba respuesta para involucrar a la ciudadanía y atraer su atención; a simple vista eran unas propuestas que no admitían mayor trámite, pero desde el terreno jurídico no podían permitirse y por ello les dieron palo.

La mayor irritación se vive en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), donde el dirigente formal, Martí Batres, consideró que por culpa de la Suprema Corte “las instituciones se fueron al diablo solitas. Los encargados de hacer un contrapeso al Ejecutivo se convirtieron en títeres.

“Sabemos que hay impotencia, coraje, rabia, ¿qué se puede hacer si el máximo tribunal le da la espalda al país?”, reiteró, aunque en su caso y en los demás no fue al país sino a los partidos.

Al igual que el PRD, Morena anunció que acudirá ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos a inconformarse, confiando que el fallo pueda ser favorable y que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice la consulta, junto con las elecciones a diputados federales de junio 2015.