Con la detección de tomas clandestinas de agua potable subterráneas que presumen el robo de este vital líquido y que generan el abultamiento económico en la facturación de algunos usuarios de este servicio, el director de la CCAPAMA, Refugio Muñoz de Luna, anunció el levantamiento a detalle de un diagnóstico de este fenómeno, donde CAASA deberá entregar los resultados antes de que concluya este ejercicio.

Hasta ahora se tienen identificados varios casos y quejas en la colonia Morelos, en los fraccionamientos Campestre y la Herradura, así como en la zona Centro, lo cual se detectó luego de hacer algunas reparaciones en la red, encontrándose que de una sola toma estaban conectados hasta tres o cuatro, informó.

“La instrucción es que más que cortarles tajantemente el servicio a aquellas personas que incurren en la toma clandestina, se procede a invitarlos a regularizarse y que se conecten correctamente a este servicio”, aclaró el funcionario.

Este problema se ha detectado mucho por el tema de la eficiencia del servicio de agua potable, que apenas alcanza un 45%, cuando el título de concesión establece un 75% como compromiso.

Todas las facturas altas que se reportan ante la CCAPAMA, la propia CAASA o a la Profeco, están siendo atendidas directamente para revisar a fondo las causas de ese hecho, pues hay casos de domicilios que un mes debían pagar 200 pesos y al siguiente se les disparó a 18 mil pesos, lo cual sencillamente no puede suceder.

Precisó que de una toma domiciliaria se saca un ramaje adicional de tres o cuatro tomas, lo que obviamente incrementa el consumo de un usuario, pero en realidad están siendo atendidos muchas más personas, cargándole el costo a uno solo.

El director de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado mencionó que con equipo especializado que posee CAASA se revisan las tuberías, el cual permite detectar las tomas clandestinas.

Por ese motivo se hace un levantamiento real de estas tomas para exigir un buen servicio y que los usuarios cumplan también con sus responsabilidades, porque no se vale que se roben el vital líquido; se entiende que algunos tengan necesidades económicas, pero no se vale que se cuelguen de la red hidráulica de modo ilegal.

Por último, mencionó que un trabajador de CAASA que atendía las comunidades rurales fue cesado por corrupción, pues cobraba a los usuarios para hacer tomas clandestinas de agua potable.