Salvador Rodríguez López

Toda actividad laboral tiene sus pro y contra, lo que obliga a estar atentos siempre para no cometer algún error que pueda poner en duda la seriedad con que se lleva a cabo, sin embargo de todas las profesiones que hay en México la más riesgosa actualmente es la de contador público, porque no sólo tiene que ser muy cuidadoso en el manejo de los números sino que por obra y gracia de los actuales diputados federales los convirtieron en policías de la misma persona que los contrata.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración Tributaria, en aras de frenar la evasión contributiva, planteó a la Cámara baja que dentro de la reforma fiscal del presente año se incluyera que cuando el contador se dé cuenta que su patrón no paga impuestos o lo hace de manera parcial debe denunciarlo, lo que se aprobó en todos sus términos.

El delegado de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, Hugo Fidel de Lira Reyes, señaló que en la reforma fiscal aprobada el 12 de noviembre de 2021 y vigente a partir del uno de enero siguiente, se adicionó el artículo 52, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, un tercer párrafo, que obliga al contador público inscrito que tenga conocimiento “que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras, o bien, que ha llevado alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal, deberá informarlo a la autoridad fiscal. Ello de acuerdo con las reglas de carácter general que emite el Servicio de Administración Tributaria”.

En función de lo anterior, el contador público será infraccionado si no informa sobre la supresión de contribuciones que debe recaudar, retenidas, trasladadas o propias del contribuyente, lo que debe hacer en la situación fiscal del mismo y dentro del periodo que cubren los estados financieros dictaminados, omisión que puede ser detectada por la autoridad fiscal en cumplimiento de sus facultades de comprobación mediante resolución que haya quedado firme, así como cuando el contador prescinda de denunciar que el contribuyente ha incumplido con las obligaciones fiscales y aduaneras o que ha llevado una conducta que pueda constituir un delito fiscal. La única excepción es cuando se trate de la clasificación arancelaria de mercancías.

En caso de incumplimiento a esas disposiciones, las sanciones que recibirán los contadores va desde la suspensión por tres años de su labor hasta la prisión de tres a seis años, lo cual está previsto en los artículos 91-B y 96, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, al considerar que se encubre delitos fiscales.

Con lo anterior el contador público está entre la espada y la pared, porque si es leal con la persona que lo contrata podría no denunciarlo en caso de detectar algo irregular, pero si no lo hace perderá el empleo y hasta iría a la cárcel acusado de encubrimiento, con lo que el SAT y los diputados crearon la figura del “vigilante fiscal” sin erogar un solo centavo.

Por si no fuera suficiente es la única profesión que nunca cesa de actualizarse, en virtud que cada año hay modificaciones al Código Fiscal de la Federación, por lo que tienen que estar al día para no cometer errores que puede costarles caro y ahora son hasta informantes de la autoridad.

ADIÓS TERSO

Dispuesto a llevar a buen término la labor que ha desempeñado como procurador estatal de Protección al Ambiente, Héctor Eduardo Anaya Pérez informó a los propietarios de vehículos motorizados que tengan rezagos de 2020 y anteriores en el trámite de la verificación vehicular, que en lo que resta de este mes y en julio se aplicará un descuento del 60% en recargos y en agosto será del 50%.

Con lo anterior busca demostrar que ha cambiado, que ya no es aquel individuo que como director de Gestión y Política Ambiental, en la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado, amenazó con cerrar el basurero municipal por supuestas irregularidades, justo el mismo lugar que tuvo a su cargo hasta septiembre de 2017 cuando renunció como secretario de Servicios Públicos Municipales.

Su paso como funcionario municipal estuvo plagado de denuncias en su contra por las condiciones en que proporcionaba el servicio de limpia, con unos contenedores que lucían rebosantes por varios días lo que achacaba a que los camiones recolectores eran insuficientes para cumplir con todos los recorridos. Mantuvo varios desencuentros con regidores de diferentes partidos, incluido panista. Su última aventura lo llevó a “ganar” la Proespa que obtuvo en julio de 2021, misma que inevitablemente tendrá que dejar a más tardar el próximo 30 de septiembre.

Con una militancia de doce años en el Partido Acción Nacional, en su etapa como subalterno del entonces alcalde Juan Antonio Martín del Campo pretendía ser el ungido para sucederle o que al menos le dieran una diputación, pero lo único que logró fue continuar en la siguiente administración municipal, de la que salió no en buenos términos.

Ante la cercanía de la partida, Anaya Pérez dijo que en lo que va del año más de 10,000 propietarios de vehículos han buscado regularizar las multas de verificación, además mediante operativos se ha apercibido a 2,300 por transitar sin verificación o que generen humo de manera visible, esto como parte de la campaña para conservar la buena calidad del aire en la entidad.

En aras de darle más facilidades para que hagan el trámite, los interesados podrán realizarlo con pago en línea en el sitio www.aguascalientes.gob.mx/proespa para lo cual deben indicar los últimos cuatro dígitos del número de serie de la unidad (números que se encuentran indicados en la tarjeta de circulación), y en un plazo de 72 horas tendrán que acudir con sus comprobantes de pago a realizar la verificación vehicular.

De igual manera se puede hacer el trámite en alguno de los 29 centros de verificación que hay en los municipios de Jesús María, Calvillo, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y Aguascalientes, para ello se requiere que se presenten con el vehículo, tarjeta de circulación y certificado de la última verificación, o acudir directamente a las oficinas de la Proespa, con copia de identificación oficial, copia de la tarjeta de circulación y copia de la última verificación vehicular.

Al cumplir con esa norma los propietarios evitan ser multados y otras sanciones que prevé el reglamento de verificación vehicular, además estarán contribuyendo a mejorar el medio ambiente como obligación que es de todos.

TIRÓ EL MOMENTO

La vida da oportunidades de poner en práctica aquello que por alguna circunstancia quedó inacabado, algo que dejó pasar el actual titular del Poder Ejecutivo del estado con la inclusión de niños y niñas de educación especial en escuelas regulares. En su tiempo como presidente municipal (2005-2007), Martín Orozco Sandoval determinó que de los beneficios económicos que obtuviera el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, la parte correspondiente al Ayuntamiento se destinaría para mejorar el entorno de las escuelas primarias que recibieran a niños y niñas en tratamiento de educación especial. Se puso en marcha el plan y el cual recibió el beneplácito de diversos sectores, sin embargo la siguiente administración, a cargo de Francisco Gabriel Arellano, eliminó ese propósito. Se consideró que como gobernador del estado, Orozco Sandoval retomaría esa idea pero más amplia, ya que tenía seis años para llevarla a cabo a los once municipios, pero el tiempo pasó y es ahora, cuando ya escucha los clarines de despedida, entregó el Centro de Atención Múltiple Número 20, ubicado en la zona oriente. La ceremonia fue el pasado 24 de mayo, que beneficia a 80 alumnos con discapacidades, lo que aún cuando es algo necesario para la formación de estos alumnos, al darles las herramientas necesarias que le permitan continuar con su desarrollo instructivo, todo dependerá de la próxima administración que continúe con este programa, o como ha sucedido, que se relega o excluye lo que dejó el anterior. Si se hubiera hecho en 2017 a estas alturas estarían consolidado el programa y no podría ser olvidado, pero a estas alturas es un albur.

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