La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente ha trabajado durante años fuera del marco legal, al realizar indebidamente la detención de automóviles por no portar el holograma de su respectiva verificación, acción que es totalmente ilegal dijo el presidente del Colegio de Abogados en Aguascalientes, Fernando Amador Macías.

El experto en temas legales detalló que el procedimiento realizado por la dependencia antes referida, para elegir a las unidades sin holograma vigente por concepto de verificación vehicular, es únicamente recaudatorio y arbitrario. Agregó que la autoridad se escuda en formalidades que maneja la ley con interpretaciones falsas de la misma, para justificar sus actos indebidos aprovechándose del desconocimiento de la mayoría de los conductores.

Explicó que la ley faculta retirar a las unidades que sin holograma estuvieran contaminando ostentosamente, sin embargo, una gran parte de los aseguramientos corresponden por no portar el engomado aun cuando la unidad no esté emitiendo contaminantes.

Amador Macías dijo que al formar parte de la Junta Administrativa de la Proespa, ha señalado las arbitrariedades cometidas, quedando de atender sus observaciones las cuales, acusó, simplemente siguen pasando desapercibidas. Cabe mencionar que una vez que algún automóvil es sacado de circulación por la falta del holograma de verificación, es enviado al corralón teniendo que pagar para su liberación el gasto de la grúa y la pensión, así como una multa ante la Proespa.

Posterior a la entrega del auto, la autoridad otorga un plaza que se supone es para reparar la falla mecánica de la unidad y dejar de emitir contaminantes de manera ostentosa, sin embargo, no se encarga de darle seguimiento de que efectivamente los sancionados soliciten el engomado.

“Es difícil hacerles saber a todos los conductores que sean detenidos de esa manera, cuáles son sus derechos y en un momento dado a que sanción puede llegar una autoridad que negligentemente esté aplicando la ley. El procedimiento para elegir autos es meramente recaudatorio, arbitrario y beneficia a las empresas de grúas y pensiones con quienes tienen convenios”, relató.