La Procuraduría de Defensa del Contribuyente informó que tras las facultades de Profeco para el cobro de multas en su carácter de autoridad fiscal federal, no podrá intervenir para impugnarlas, pero sí podrá apoyar a las personas a las que se les inicie el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) para el cobro de aquéllas.
Pamela Cuevas Mendoza, delegada de la Prodecon, detalló que esta institución sí podrá asesorar respecto de todos aquellos actos que realice la Profeco y que pudieran afectar a los sancionados en el desarrollo del Procedimiento Administrativo de Ejecución.
“Esto se da a conocer para que los afectados utilicen las instancias correspondientes para la impugnación de las multas impuestas por Profeco y se acerquen a Prodecon únicamente durante el procedimiento de cobro de éstas. Desde el 1° de julio la Procuraduría Federal del Consumidor puede cobrar las multas impuestas a los proveedores sin la ayuda del SAT”.
Si bien las multas impuestas por Profeco serán consideradas créditos fiscales, esa connotación corresponde a su cobro coactivo, ya que el origen de éstas sigue correspondiendo al de una multa administrativa que podrá ser impugnada de manera optativa mediante el recurso de revisión establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
“La finalidad de que se reconozca a las multas que imponga la Profeco la naturaleza de créditos fiscales, fue para que puedan ser efectivamente cobradas mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), por tal motivo se le dio el carácter de autoridad fiscal con facultades para aplicar el PAE que le permita hacer efectivas las mismas”.
Con ello se demuestra que la facultad que se le otorgó a Profeco en su carácter de autoridad fiscal únicamente es para hacer efectivo el cobro de las multas mediante el PAE previsto en el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, sin que necesite el apoyo, como acontecía con anterioridad, de las autoridades fiscales como el SAT y la Secretaría de Finanzas Estatal mediante los Convenios de Colaboración Administrativa, para exigir el cobro coactivo.