Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

La semana pasada se dio a conocer que el Instituto de Educación (IEA) ordenó el pago de 4 millones 244 mil pesos a los TUTORES que brindaron apoyo técnicopedagógico a maestras y maestros de nuevo ingreso; con fundamento en la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Efectivamente, después del examen de oposición, los maestros mejor evaluados son contratados para que cubran las vacantes e inicien dando clases en las escuelas donde son asignados. Tomando en cuenta que no tienen experiencia para conducir  clases, la Ley General del Servicio Profesional Docente prevé que debe asignarse un TUTOR experimentado para que guíe por los mejores caminos pedagógicos y didácticos al docente novel, de manera que los alumnos sean formados con educación de calidad y logren los mejores aprendizajes.

Pues bien, la Secretaría de Educación Pública ya cumplió con el pago global de 4 millones 244 mil pesos a los tutores. Ahora la pregunta obligada es, ¿y cuál fue el grado de avance en los aprendizajes de los alumnos del período pagado, en las escuelas donde los tutores brindaron sus apoyos?, ¿cuál es la diferencia, en los aprendizajes de los alumnos, entre un docente tutorado y otro sin apoyos? Salvo los datos duros que pudieran tener las autoridades educativas; la opinión generalizada, al respecto, es en el sentido de que los resultados son igual de irrelevantes como si no hubiera tutorías. Y son apreciaciones de simple sentido común; porque nadie tuvo el propósito ni el interés de evaluar el trabajo realizado por los tutores, como lo sugieren los principios pedagógicos. Este es el problema de siempre: a los cuatro vientos se dicen los millones de pesos gastados en educación, pero nadie dice los resultados ni los avances obtenidos; dando la impresión que lo más importante son los recursos y no los aprendizajes de los alumnos. Así, toda reforma y todo sistema fracasan.

¿Cuál fue el trabajo de los tutores?, ¿realizaron visitas diarias de apoyo pedagógico, una vez a la semana o cada quince días? No, supuestamente realizaron tres visitas al año; y en la mayoría de éstas era tan sólo para que el docente tutorado firmara al tutor respectivo un papel donde hacía constar la visita (documento necesario para efectos de pago). En materia pedagógica, el tutor, en el mejor de los casos, decía al tutorado que lo que estaba haciendo estaba bien. Bajo esta óptica es difícil lograr avances; pero que conste, no es culpa de los tutores sino de quienes dirigen y son responsables de la  educación.

La Ley General del Servicio Profesional Docente, dentro de la Reforma Educativa, tiene bondades como para hacer importantes transformaciones en el sector y lograr la calidad académica que se desea; sin embargo, los problemas surgen en las entidades federativas, precisamente, en los momentos de la operación del sistema escolar, debido a que no todos los integrantes del aparato administrativo y de dirección escolar tienen el mismo interés en el cumplimiento de las disposiciones normativas y pedagógicas. Hay quienes piensan que con el hecho de haber físicamente escuelas, niños y maestros; los resultados se dan por añadidura; y no es así, los buenos resultados son producto intencional, de organización, de planeación, de esfuerzos operacionales, de perseverancia, de constantes evaluaciones y de reorientaciones, hasta lograr los propósitos y las metas establecidos en el proyecto rector.

Los recursos para la educación, que los ciudadanos aportan mediante distintas formas de contribución y que son entregados a través del gobierno, habrá que saberlos utilizar con honestidad, certeza, profesionalismo y, sobre todo, garantizando la mejor atención educativa a los hijos de la ciudadanía contribuyente. Los recursos educativos no son una graciosa concesión para el ahí se va sino para asegurar educación de calidad a los niños, a los  adolescentes y a los jóvenes.