Lic. René Urrutia de la Vega

He decidido compartir en este espacio de opinión algunos episodios que se viven desde la práctica del litigio en la materia penal, con la finalidad de ilustrar algunas de las cosas que ocurren en el andar de un abogado penalista, pero más allá de lo que tiene que ver con lo que le ocurre al abogado, mi intención es que, como lector, puedas analizar, a partir de la narrativa de casos reales, lo que les ocurre a veces a las víctimas de un delito, a veces a los imputados –que no siempre son delincuentes– que se encuentran sujetos a un proceso penal y vulnerables al arbitrio de autoridades ministeriales o judiciales y, por qué no decirlo, también al de abogados defensores o asesores jurídicos de víctimas, todo con la finalidad de ilustrar, como ya he dicho, las vicisitudes por las que atraviesa nuestro sistema de justicia penal.

Recientemente actué en calidad de defensor particular de una persona que fue investigada por hechos señalados en la ley como delito cuya clasificación no es importante definir para los efectos de este análisis, lo que sí es importante establecer es que se trataba de un delito menor, de querella, es decir, perseguible únicamente a petición de parte ofendida (no de oficio), pero que, sin embargo, “gracias” a las últimas reformas al Artículo 19 de la Constitución Federal[1], se trataba, no obstante, de un delito de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa como medida cautelar para el imputado durante el proceso y, por lo tanto, aún tratándose de un delito menor y perseguible por querella, se le aplicaba lo que en estos casos, más que en ningún otro, puede considerarse como una pena anticipada consistente en permanecer privado de la libertad –en prisión– durante el tiempo que durase el proceso y hasta en tanto se decida si es culpable de la comisión del delito o no lo es, algo verdaderamente vergonzoso en nuestra Constitución y en nuestro sistema de justicia penal actual que debería corregirse inmediatamente.

Pues bien, esta persona fue detenida por haberse cumplimentado en ella la orden de aprehensión otorgada por un juez de Control ante la solicitud de un agente del Ministerio Público especializado por materia y, una vez que fue puesto a disposición del juez, no sin antes registrarse diversas irregularidades por parte de la Policía Ministerial que ocultó información sobre su paradero, con la equivocada idea que tienen de que esa es la forma en que se debe de actuar ante los familiares y abogados de un imputado detenido para librarse de tener que estar dando explicaciones, lo cual evidentemente es un error, se llevó a cabo la audiencia inicial del proceso penal.

Con verdadero asombro estudié las actuaciones que integraban la Carpeta de Investigación en la que el Ministerio Público especializado había hecho consistir su solicitud de orden de aprehensión y con las cuales acudió ante el juez de Control a exponer las razones por las que consideraba que en ese caso había elementos suficientes para establecer que efectivamente se había cometido el hecho delictivo y que la persona imputada, a quien se le había detenido más de 24 horas antes de la celebración de la audiencia, lo había cometido, al menos como una posibilidad, pues me di cuenta de que el caso estaba sustentado sobre una serie de errores e inconsistencias en los datos de prueba y que no existía ni siquiera la más básica información corroborada para poder sustentar una solicitud de esas características ante una autoridad judicial, lo cual, debo aceptarlo, me causó una enorme decepción del Ministerio Público y de la unidad en la que se integró esa carpeta de investigación, aquí tendríamos que hacer una primera reflexión acerca de la forma en que están actuando las fiscalías en la integración de carpetas sin tener la calidad mínima necesaria en las investigaciones; pues bien, evidentemente el resultado fue que el juez de Control no accedió a la petición de la Fiscalía negando la vinculación a proceso del imputado y ordenó su inmediata libertad, es decir, resolvió que no había sustento alguno en esa imputación y que, por lo tanto, el imputado debería de quedar inmediatamente libre.

No obstante lo anterior, los elementos de la Policía Procesal, luego de concluida la audiencia y dictada esa resolución, inexplicablemente le colocaron nuevamente las esposas de mano a quien para ese momento ni era imputado ni se encontraba detenido, pero lo hicieron frente al propio juez que había negado la vinculación a proceso y ordenado la inmediata libertad del detenido, pero no sólo eso, sino que lo volvieron a ingresar a una celda en el interior del Cereso en donde permaneció por espacio de doce horas más, hasta que las autoridades administrativas del centro penitenciaron llevaron a cabo todos los trámites necesarios para su liberación.

Podríamos decir muchas cosas, pero lo que es indiscutiblemente cierto, es que, luego de que un juez penal resuelve la inmediata libertad de una persona en audiencia, el hecho de colocarle esposas de mano y conducirlo por parte de elementos policiales al interior de un centro penitenciario para mantenerlo detenido por 12 horas más, eso constituye el delito de privación ilegal de la libertad, es decir, la comisión institucionalizada de un delito en contra de la libertad de las personas, algo que definitivamente no debería de estar ocurriendo, pero que en realidad es más común de lo que pensamos.

rurrutiav@urrutiaconsulting.com.mx

[1] Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2019.