Ayer, en sesión del Congreso, fue aprobado el dictamen de la Comisión de Justicia que resuelve la iniciativa de reforma al Código Penal de Procedimientos, en materia de prisión preventiva para los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y desaparición forzada.

De esta manera, se homologa el listado de los delitos graves que ameriten la imposición de la medida cautelar de la prisión preventiva, según se justifique.

Además, se dota de mayor punibilidad a las acciones de despojo cuando se realicen contra un grupo vulnerable determinado, como lo son las personas adultas mayores de 60 años o con discapacidad, a fin de inhibir la comisión de estas conductas.

Los diputados indicaron que en el Artículo 19 de la Constitución Federal, así como en el Artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se enlistan los delitos en los que se puede imponer la Prisión Preventiva.

El Artículo 27 fracción I de la Constitución Política local, establece que el Estado tiene la facultad de legislar sobre las materias que no sean competencia exclusiva de la Federación, y de acuerdo con la Tesis Jurisprudencial publicada el 11 de mayo del 2018, el Estado puede legislar respecto los delitos a los que se les puede aplicar la prisión preventiva.

En otro punto, el Pleno aprobó por mayoría la iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Privada del Estado, propuesta por la otrora diputada Martha Márquez Alvarado, a nombre del GPPAN.

La modificación va en concordancia con la ley federal para establecer un protocolo de autorización en el que quedan delineadas las condiciones de organización, funcionamiento y equipamiento de las empresas que ofrecen servicios de seguridad privada, sobre todo en los requisitos para la renovación de permisos.

La SSP contará con las facultades jurídicas para regularizar, controlar y vigilar la operación de estas empresas; se establece un sistema de evaluación, certificación y verificación para las empresas, y un registro integral y descriptivo, para un control del Estado.

Los elementos de seguridad privada deben portar uniformes, insignias y escudos visibles que los distingan de las corporaciones de seguridad pública, además de contar con el permiso y registro de armamento ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); serán sujetos de evaluación y control de confianza que aplican las instituciones de seguridad pública.