RENÉ URRUTIA DE LA VEGA

El Senado de la República aprobó, con 53 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones – tan solo con la participación de 79 senadores, no obstante que el pueblo de México paga el salario nada despreciable de 128 legisladores en esa cámara – la iniciativa por la que se pretenden reformar diversas leyes para aplicar la prisión preventiva oficiosa a delitos graves, señalando en el Boletín número 1578 de fecha 30 de julio de 2020, que esta figura aplicará en delitos violentos cometidos con “armas réplica” y no funcionales, la portación de armas de uso exclusivo del ejército, los ilícitos cometidos en contra de las vías generales de comunicación y medios de transporte, así como la captura ilegal de la totoaba, respondiendo a la reforma que fue aprobada a principios de 2019, la cual adicionó dichos delitos en el texto del artículo 19 de la Constitución Federal,lo cual es impreciso si tomamos en cuenta que esa reforma constitucional no consideró en esta categoría lo relativo a la comisión de delitos con “armas réplica”, los ilícitos cometidos contra las vías de comunicación ni mucho menos la ocurrencia legislativa de la captura ilegal de totoaba.

Todo deriva de la imprecisión legislativa que implicó el hecho de que la reforma constitucional al artículo 19, en lugar de mencionar cada uno de los delitos específicos que ameritaban la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, señaló en forma ambigua e incierta algunas categorías de delitos en general que se prestaron a confusión al grado que se requirió, luego de la intervención de la Suprema Corte, de la reforma a la ley secundaria para precisar cuáles eran esos delitos, sin embargo los legisladores fueron más allá y, sin estar previsto en la Constitución, llegaron al extremo de proponer incluir en el Código Nacional de Procedimientos Penales incluso el delito de captura ilegal de totoaba, lo que resulta verdaderamente inaudito, pues abre la puerta a que en cualquier momento cualquier otro delito de cualquier naturaleza y aún de trascendencia únicamente regional o incluso coyuntural, pueda ser materia de reforma legal para permitir que se violen derechos fundamentales mediante la imposición de una medida cautelar tan arbitraria e ineficaz como la que se menciona.

Y es que el tema de fondo es el abuso y utilización en forma por demás incorrecta e inadecuada de la prisión preventiva oficiosa, empleándose una vez más sin ninguna reflexión ni análisis técnico e ignorando los que existen al respecto, haciendo un uso propagandístico, demagógico y populista del Derecho Penal y Procesal Penal. Una vez más, nuestra clase política ignora los estudios dogmáticos y los más elementales principios de Política Criminal y, ante la ignorancia respecto de lo que se debe hacer para disminuir los índices de violencia y delincuencia en nuestro país y, peor aún, con una total falta de interés, recurren a reformas constitucionales y legales absurdas del todo. Lo mismo ha ocurrido desde siempre cuando no saben qué para disminuir los índices delictivos, recurriendo al simple aumento de penas que ninguna solución ni beneficio tiene para resolver problemas, en lugar de establecer políticas públicas, estrategias integrales y eficaces para la prevención del delito y atender eficientemente las causas que condicionan la criminalidad, además de establecer esquemas para el fortalecimiento real de las instituciones y el combate verdadero y frontal contra la corrupción. No, lo más cómodo es reformar las leyes con argumentos falaces y absurdos aún a costa de la violación sistemática de Derechos Humanos, pero eso sí, dando gusto a un amplio sector de la población que clama por sangre y circo.

La prisión preventiva oficiosa, aunque la mayoría de las personas no lo entiendan ni lo acepten, amén de una mal entendida idea de que sin cárcel no hay justicia, es una figura jurídico procesal que nada resuelve y mucho agrava la situación de inseguridad e injusticia; en un Estado Social y Democrático de Derecho como el que anhelamos tener, bastaría con la aplicación, en el grueso de los procesos criminales, de medidas cautelares distintas a la de prisión preventiva y la aplicación de ésta solo de manera excepcional y siempre justificada.

Esto nos conecta con otro de los grandes temas de nuestro sistema de justicia que no ha sido siquiera mínimamente atendido y evidentemente se encuentra irresuelto, que es precisamente el de las medidas cautelares y los órganos de control y vigilancia de las mismas, tema en el cual se tiene una gran deuda pendiente y que, si se hubiese atendido correctamente desde la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio a partir de la reforma Constitucional de 2008, en lugar de recurrir a las medidas que se acaban de aprobar en el Senado, estaríamos avanzando en el fortalecimiento de un sistema de justicia con resultados y en apego a un marco normativo internacional de Derechos Humanos, pero por el contrario, los gobiernos federal y estatales han hecho caso omiso respecto de la importancia que tienen las medidas cautelares y los órganos encargados de su supervisión funcionan de forma raquítica e ineficaz, sin contar que ni siquiera hemos sido capaces de implementar el uso de tecnologías de información y geolocalización para el uso de los brazaletes electrónicos o cualquier otro dispositivo que permitiría despresurizar las cárceles y atender de mucho mejor manera el grave problema de los centros penitenciarios – nótese cómo están interconectados todos estos temas o tópicos, pues todos ellos se encuentran dentro de lo que se denomina Sistema de Justicia, aunque la realidad es que cada una de las dependencias e instituciones encargadas, funcionan por separado –.

Pues bien, baste decir que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en la forma y términos en que ha sido aprobada por el senado mexicano, contribuye, eso sí, a incrementar los índices de inseguridad pero, más aún, de impunidad.