Resulta un riesgo la eliminación de la prisión preventiva oficiosa bajo las actuales condiciones de violencia que enfrenta el país, informó el presidente del Congreso de la Abogacía, Eric Monroy Sánchez.
Tras conocerse la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado Mexicano modificar su constitución para la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, la medida llega en muy mal momento.
Señaló que el Estado Mexicano no se encuentra preparado para adecuar su marco legal, porque está ante una desventaja con el primer mundo que nos impide ser justos, ante la complejidad de atender esta recomendación en tiempos álgidos.
Hasta el momento, la única medida que tenemos para contener a la delincuencia es la prisión preventiva oficiosa y si se cumple nos ata de manos para controlar la incidencia delictiva.
Aunque resulta posible que finalmente no se pueda cumplir con esta determinación, su incumplimiento pondría a México en entredicho sobre los acuerdos internacionales que ha celebrado en materia jurídica, porque lo debilitaría moralmente.
Las medidas generales que establece la resolución son casi imposibles de atender, ya que en caso de que se implementen, se comenzaría a recibir amparos de procesados para continuar sus juicios en libertad y la necesidad de fijarles medidas cautelares como garantías económicas y obligación de firmas periódicas.
