Víctor Hugo Granados Zapata

El pensamiento tradicional sobre la aplicación de la educación, desde el punto de vista jurídico, se enfoca en que el Artículo 3° constitucional señala explícitamente que “toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior”, lo que nos permite asumir que el tema educativo, desde el punto de vista legal, queda cubierto. Si el estado se encargará directamente de la educación pública en sus tres niveles ¿solo deberíamos preocuparnos en su aplicación?

Detrás de este pensamiento común, ignoramos cómo funciona la exigibilidad y el funcionamiento del derecho a la educación a nivel individual, para ello debemos comenzar a analizar la situación de las niñas y niños en este contexto. Nuestro sistema jurídico no nos permite considerar a las y los menores de edad (comúnmente los que integran la educación básica y media) como capaces ante la ley, lo que conlleva a que estos estén sujetos a la patria potestad de sus padres o tutores (algo en lo que estoy totalmente de acuerdo). Por lo tanto, la ley les reconoce a los padres y tutores el derecho a elegir el tipo de educación que van a recibir sus hijas e hijos, una facultad que abarca desde la inscripción a una institución de enseñanza privada o pública, hasta la elección de clases particulares extraescolares (clases de música, tutorías en matemáticas, deportes, etc.); y también la representación legal en casos donde se violenten sus derechos.

Sin embargo, este derecho/facultad de los padres sobre la educación se encuentra sujeto al principio de interés superior de la infancia, el cual según la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (jurisprudencia 113/2019) señala que debe considerarse como prioridad el aseguramiento de los derechos de los infantes en las decisiones que impliquen una afectación a estos en su esfera jurídica. Este criterio genera, entonces, una limitante a la facultad de los padres o tutores en su actuar, el cual siempre deberá ser en beneficio del menor.

Ahora, con base en los anterior existe una diversidad de escenarios donde los padres pudieron estar violentando dicho principio (por poner un ejemplo, negándole el acceso a la educación al obligarlos a realizar labores domésticas en vez de ir a la escuela, etc.) y, siendo quienes tutelan los derechos de sus hijos ¿cómo podrían las niñas y niños protegerse ante los abusos de los padres bajo este contexto? O en el caso de las instituciones ¿quiénes los pueden proteger cuando estas violentan sus derechos y los padres lo aprueban?

Existe la figura de la tutela legítima para los casos que señala el Código Civil del Estado de Aguascalientes (Artículo 504), sin embargo, también aplica el principio del interés superior del menor que le permite al juez (con denuncia previa) o a las instancias facultadas intervenir cuando se están atropellando los derechos de las niñas y niños. Ejemplo de esto se dio cuando el Congreso de Aguascalientes aprobó dentro de la nueva Ley de Educación del Estado la adición de un “pin parental” (propuesta del Partido Encuentro Social). Dicho “pin” o mecanismo de censura fue disfrazado por las y los legisladores bajo el argumento de que es una expansión de los derechos de los padres para intervenir en la educación de sus hijos en temas de sexualidad, ética y valores “morales”. Este “pin” violenta el derecho a la educación, salud, libre desarrollo de la personalidad, libre expresión y a la información de las niñas y niños.

Ante este evidente atropello de derechos fundamentales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó la acción de inconstitucionalidad a la SCJN para que revise este caso y determine si dicho pin parental es constitucional o no. Por otra parte, es vergonzoso que el PES (partido que obtuvo su lugar en las legislaturas gracias a su coalición con MORENA en 2018) imponga su agenda anti-derechos antes que el interés de las niñas y niños de Aguascalientes. Debemos impulsar una agenda legislativa enfocada en la mejora de la educación, no en empeorarla con medios de censura que solo afectan a la infancia en nuestro Estado.