Uno de los temas más delicados que rodean el contexto educativo es la seguridad de las y los estudiantes en las aulas. Lo anterior, contempla un espectro normativo muy amplio, que va desde las obligaciones que deben acatar las autoridades escolares dentro de los salones para prevenir el acoso, la discriminación, el bullying (en sus diferentes modalidades) y garantizar un sano desarrollo integral (partiendo desde las disposiciones que contempla la CPEUM en sus artículos 3° y 4°, pasando por la Ley General de Educación y las disposiciones estatales aplicables). Sin embargo, esta directriz tiende a aumentar su complejidad cuando los mecanismos de prevención contemplan a las y los estudiantes posibles agentes de riesgo, es decir, que son ellos quienes pueden ocasionar algún conflicto utilizando medios prohibidos e ilegales dentro las instalaciones (portar drogas, armas u objetos peligrosos o nocivos para la salud). Por ello, se ha implementado a lo largo de la república un programa denominado comúnmente como “mochila segura”, el cual consiste en la revisión periódica de las pertenencias del alumnado, con la finalidad de prevenir la introducción de los objetos previamente mencionados y, de esta manera, garantizar la seguridad dentro de las escuelas. Bajo este orden de ideas, surgen las siguientes preguntas, ¿cómo se ha aplicado dicho programa en Aguascalientes? ¿Cuál es el protocolo que se emplea para ejecutarlo? ¿Qué implicaciones puede tener en el contexto educativo?
En el año 2019, el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) presentó el Protocolo de Actuación del Programa “Hazlo por tu hijo” en las instalaciones educativas públicas dependientes del Instituto de Educación de Aguascalientes”, el cual contempla (como se advierte en el título), un programa llamado “Hazlo por tu hijo”, cuyo objetivo es incluir a las familias a realizar, en compañía y dirección de personal escolar, las inspecciones de las mochilas de las y los alumnos, bajo tres diferentes dinámicas descritas dentro del protocolo, buscando así una prevención más efectiva dentro de las escuelas. Este protocolo, desde mi punto de vista, cuenta con un respaldo normativo muy importante y completo, puesto que parte de elementos esenciales como el respeto a la privacidad de los alumnos, el principio del interés superior a la infancia y evitar cualquier acto discriminatorio; así como también, concentra la participación de las familias y su consentimiento como la columna vertebral de dicho programa (básicamente, porque son ellos quienes efectúan la revisión de las pertenencias de los estudiantes y, a su vez, establecen diferentes disposiciones en caso de que algún alumno no desee mostrar sus pertenencias o se le detecte algún objeto no permitido, se apliquen mecanismos alternativos que eviten algún tipo de coacción y les genere alguna vulneración en sus derechos).
A diferencia de otras entidades, Aguascalientes fue de los primeros estados en elaborar y ejecutar un protocolo con estos enfoques, algo que sin duda refleja el compromiso por parte de las autoridades educativas en salvaguardar la integridad jurídica de las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, tal y como lo señaló en el año 2020 el entonces ombudsman Asunción Gutiérrez Padilla, es vital que se contemplen estas medidas bajo una supervisión estricta que evite vulnerar los derechos humanos de las y los estudiantes, así como también, no promover una criminalización hacia los alumnos, que conduzca a la reproducción de estigmas que les pueda afectar en su desarrollo integral y su dignidad. Ahora, el protocolo sí cuenta con un apartado específico para evitar dicha circunstancia, señalando expresamente que no se empleará ningún tipo de lenguaje ofensivo o que menoscabe la integridad de las y los estudiantes, así como el hecho de que no se efectuará alguna distinción al momento de aplicar el programa sobre ciertos alumnos exclusivamente, sino que se aplicará en un ámbito general y bajo las mismas condiciones (artículos 8°, fracción II y 9°, fracciones V y VII del protocolo).
Partiendo de esta situación, considero que el programa “Hazlo por tu hijo” contempla un área de oportunidad que no se ha logrado advertir y es el fomentar la conciencia sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal para adolescentes. ¿Cuál es la relación que guardan ambos temas? La naturaleza del programa es preventiva e informativa (a través de charlas con los padres de familia y la comunidad estudiantil), sin embargo, los estudiantes no suelen dimensionar que pueden ser sujetos de imputación de algún delito y que el Estado cuenta con un sistema penal adecuado a su situación como menores de edad (partiendo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos y el artículo 18 de la CPEUM, siendo que este último precepto constitucional determina la obligación de las entidades federativas de contar con un sistema integral de justicia para adolescentes). En este sentido, sí se adjuntan campañas de concientización y difusión del sistema integral de justicia para adolescentes en las escuelas, las cuales pueden llevarse a cabo, de la mano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos e incluso del Poder Judicial del Estado, adaptando por medio de charlas, conferencias y dinámicas la información sobre cómo funciona este sistema entre la comunidad estudiantil; se ampliaría la concepción dentro de las aulas sobre la importancia de seguir dichos protocolos y, al mismo tiempo, se impulsaría una cultura jurídica entre las y los estudiantes, quienes podrán comprender de una manera más amplia su esfera jurídica.
Recientemente, el IEA ha estado impartiendo charlas sobre el programa “Hazlo por tu hijo” en las escuelas, si llegaran a adjuntar este nuevo modelo informativo del sistema de justicia, podemos fomentar una cultura de prevención y seguridad, así como de respeto al estado de derecho, cimentando en las próximas generaciones una comprensión más amplia sobre el tema y así, construir una ciudadanía más respetuosa de la ley y crítica sobre el funcionamiento de la administración de justicia.
