José David López
Agencia Reforma

GUATEMALA, Guatemala 4-Jul.- El ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, podría volver a México en 15 días.
En una audiencia ayer ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala, Duarte aseguró ser inocente de las acusaciones en su contra, renunció a cualquier recurso legal y se ordenó su extradición inmediata.
“Este Tribunal declara que admite la aceptación voluntaria que ha hecho Javier Duarte de Ochoa a la solicitud de extradición que se hace en su contra.
“En consecuencia, se suspende el trámite y se ordena la entrega inmediata del reclamado al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”, dictaminó César García, presidente del Tribunal.
El retorno del ex mandatario a México podría realizarse en las próximas dos semanas, cuando concluya el trámite burocrático, informó su abogado Carlos Velásquez.
“He decidido allanarme al proceso de la solicitud formal de extradición presentada por el Gobierno de México, con relación a los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos.
“Y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de la Federación de mi país”, señaló el ex priista tras escuchar las acusaciones en su contra.
La Fiscalía guatemalteca leyó un listado de pruebas enviadas desde México y, a diferencia de la audiencia de la semana pasada, Duarte escuchó sin interrumpir los señalamientos, mostrándose sonriente en algunos momentos.
Explicó que es requerido por las autoridades mexicanas, pues existen indicios de su participación en el desvío de fondos estatales por medio de empresas fantasma.
De acuerdo con las investigaciones, Duarte realizó diferentes transacciones para simular que los recursos eran lícitos. Una de las modalidades para lavar el dinero fue la compraventa de terrenos y departamentos.
Una lista conformada por entrevistas a personas cercanas a Duarte, escrituras de los inmuebles y análisis de flujos financieros fue leída por la Fiscalía para sustentar la solicitud de extradición por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“En ninguna prueba aparece mi nombre ni el de algún familiar directo”, señaló el ex Gobernador cuando el tribunal le dio la palabra para pronunciarse sobre las pruebas.
Su abogado, además, comentó que el caso por el que se le requiere podría ser una persecución política.
“Esos mil folios son una ilusión óptica, las acusaciones que están en esta solicitud de la delincuencia organizada, no logran demostrar el vínculo o la relación de causalidad de mi defendido”, declaró el defensor.