Frida Andrade
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) advirtió ayer que podría emprender acciones jurídicas contra el decreto presidencial que permite la regularización de autos «chocolate».
«Una vez que se publique el instrumento jurídico que fundamenta la regularización emprendida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador se evaluará la pertinencia jurídica de emprender acciones de defensa ante el Poder Judicial de la Federación», indicó en un comunicado.
El pasado sábado en Ensenada, Baja California, López Obrador firmó un decreto para legalizar los autos que entraron al País de manera irregular previo pago de dos mil 500 pesos.
La AMDA afirmó que la medida representa la legalización del contrabando automotriz y consideró que el acto fue «protocolario», pues no se conocieron los lineamientos del instrumento jurídico.
«En Ensenada se concretó la legalización del contrabando automotriz por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador», aseveró.
«El evento fue un acto protocolario en el que estuvieron ausentes los lineamientos del instrumento jurídico que dará cauce a la regularización y en la que se habló de la corrupción del pasado, al momento en que se formalizaba la corrupción del presente».
La Asociación llamó además al Presidente a instrumentar políticas públicas para solucionar de raíz el fenómeno del contrabando automotriz.
«La regularización del contrabando automotriz será un premio a las mafias criminales y a la burocracia corrupta que lo ejecutan y lo toleran si no se emprenden procedimientos administrativos y penales que hagan caer todo el peso de la ley a quienes se han enriquecido cometiendo delitos», refirió en su pronunciamiento.
Entre las políticas sugeridas por la AMDA está el aplicar una «tolerancia cero» al flujo de vehículos en contrabando por los puertos fronterizos.
«Es indispensable acabar con la corrupción aduanera, así como equipar tecnológicamente los puntos de revisión vehicular para identificar los vehículos con placas sobrepuestas, alteraciones documentales y daños mecánicos visibles», detalló.

Reclaman legalidad
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chihuahua rechazó la legalización de vehículos «chocolate» y exigió que se castigue el contrabando de autos.
«El contrabando de autos debe ser castigado y no premiado con la legalización de vehículos», indicó Francisco Santini, presidente de la organización.
Señaló que el contrabando golpea a la economía nacional, a las empresas automotrices y al empleo que depende de esta industria establecida en Chihuahua.
«Mina las finanzas públicas que recibe ingresos derivados de los impuestos que cubren las empresas formales en el País por este concepto», añadió Santini.
Acusó además que se fomenta la compra de unidades en el extranjero y se provoca una reducción en un 20 por ciento el valor de las unidades nacionales, lo que afecta el patrimonio de la gente y la economía familiar.
«El Gobierno federal debe privilegiar la legalidad y formalidad en el País como parte del Estado de derecho; proteger el mercado local y cadena de valor generada por la industria y no premiar la ilegalidad o fomentarla», consideró Santini.

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